¿Quién se ha llevado mi tarta?

Con motivo de cumplirse el pasado abril los 30 años de la constitución de los Ayuntamientos democráticos, escribía en estas páginas que una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia era la indefinición sobre las competencias municipales y la financiación económica de las mismas. Decía que, siendo el Ayuntamiento la Administración más cercana, a la que todo el mundo acude, no deja de ser cierto que es la peor tratada por el Estado, con permanentes promesas del Gobierno central de turno pero que nunca se concretan en la consecución de un verdadero Pacto Local, que de manera clara debería suponer la cesión competencial y económica desde otras administraciones, fundamentalmente las autonómicas, en lo que sería un paso más para la verdadera igualdad de todos los ciudadanos.

La semana pasada conocimos que, de nuevo, el Gobierno decidió posponer la necesaria reforma de la financiación local hasta 2011. Esto supone la puntilla para unos ahogados Ayuntamientos que, ante un estancamiento en la entrada de recursos por la inactividad inmobiliaria y económica, acuden al endeudamiento como único mecanismo de financiación. Ya estamos conociendo en la provincia casos de ayuntamientos que están teniendo serios problemas para poder pagar las nóminas de sus empleados (casos como los de Arcos, Jerez y Puerto Real).

Pero no es sólo culpa del partido que actualmente está gobernando. Ninguno de los Gobiernos que hemos tenido han sido capaces de coger el toro por los cuernos, por una sencilla razón: la tarta que hay que repartir ya está en manos de otros. Redefinir el modelo de financiación local supone redefinir el modelo global de financiación de las distintas administraciones del Estado (incluyendo a las Comunidades Autónomas por tanto). Y eso es precisamente lo que pide Unión, Progreso y Democracia a través de nuestro responsable nacional de Economía, Álvaro Anchuelo, que ha indicado que nuestro Gobierno debe afrontar «con seriedad y firmeza» una reforma en profundidad de la financiación local. Continúa expresando que las respuestas del Gobierno a este problema han consistido, hasta ahora, en parches temporales: el Fondo de Inversión Local -que financia obras de dudosa utilidad social-, y el aval a la deuda de las corporaciones locales.

Por ello, los mayores recursos de los ayuntamientos deberían provenir de las Comunidades Autónomas y no sólo de la Administración central. Ello está agravando los efectos de la crisis, retrasando de forma inadmisible los pagos a las empresas empeorando su falta de liquidez e, incluso, llevando a la quiebra a numerosas Pymes. En definitiva, la tarta hay que repartirla de otra manera. Pero esto no interesa a los grandes partidos por la presión de los propios gobiernos autonómicos de uno u otro signo que, como hemos visto en la negociación de la financiación autonómica, y afirmaba nuestra diputada Rosa Díez, no era «...sólo un pacto entre los nacionalistas catalanes, que se ha extendido al resto de España. Lo que iba a ser un desaguisado catalán se ha convertido en un desaguisado nacional». Pero es que, además, los pequeños cortijos regionales (o provinciales) dejarían de existir. Recientemente, el máximo representante de la administración andaluza en la provincia reconocía públicamente, e incluso se jactaba de ello, que las solicitudes de ayuntamientos no gobernados por el PSOE deben pasar por el filtro de lo que digan los miembros de su partido en dichas localidades donde ejercen la oposición preguntándoles «¿esto sí o esto no?». Por cierto, aún sigue en su cargo. Con una financiación local equitativa, objetiva y justa estos comportamientos no tendrían lugar.