La responsabilidad del Estado

Durante más de 27 años, Fórum y Afinsa han operado en España con el conocimiento y el consentimiento del Estado, como lo demuestran las publicaciones del Ministerio de Economía o el Ministerio de Sanidad y Consumo y el otorgamiento de premios en el pasado a los dirigentes de las empresas por parte de Justicia. Fórum y Afinsa obtuvieron el reconocimiento de la prensa especializada, de las principales entidades calificadoras de riesgos, que les daban los mayores ratios de solvencia y de los mayores consorcios aseguradores, que durante años aceptaron el precio que las compañías otorgaban a su filatelia. De ese reconocimiento, institucional y mediático, se derivó la confianza social generada.

Una vez realizada la intervención y sin vuelta atrás, supimos que la investigación se inició en el año 2004. Es el Estado quien tiene el deber de velar por la protección y salvaguardar los intereses, de cualquier índole, de los ciudadanos. Pues bien, nos encontramos con que se "permitió" que durante dos años aumentara el número de clientes de estas dos empresas sin poner en funcionamiento, como medida de precaución, las mínimas alertas requeridas.

De la naturaleza mercantil de las operaciones que realizaban estas empresas se desprende que del dinero aportado por los clientes, el 5%, en concepto de IVA, se ingresaba en Hacienda; otra forma de "conocimiento" y "consentimiento" por parte de la Administración. Si consideramos el cambio de criterio, en cuanto a la calificación de la actividad de las empresas de mercantil a financiera, como suscribió en su informe la Inspectora Jefe de Hacienda en contra de los emitidos por organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España e incluso la propia Agencia Tributaria, deducimos un ingreso incorrecto en las arcas del Estado.

De la actitud de la Fiscalía, usurpando las funciones del Poder Legislativo (único que puede cambiar la calificación de una actividad recogida por Ley), se desprende un "peligro" por indefensión y desamparo de los afectados, agravado por las calificaciones vejatorias e insultantes que se vertieron desde las instancias gubernamentales sobre ellos, con una impunidad y ensañamiento dignos de regímenes no precisamente democráticos. Hay un consenso entre los juristas, incluido el Defensor del Pueblo, que aseguran que la Justicia terminará declarando la responsabilidad patrimonial del Estado. Por omisión, por no haber regulado convenientemente el sector, o por acción, por haber intervenido a la brava las empresas, cuya actividad representaba el 10% del ahorro en España.

El Tribunal Supremo, en su sentencia sobre el caso de la colza, decía: "El Estado pudo y debió afrontar con las consecuencias indemnizatorias suficientes para compensar y resarcir a los afectados de sus consecuencias, como en múltiples ocasiones ha venido haciendo en supuestos, por ejemplo, de inundaciones, sequías, etc., sin esperar a que los Tribunales decidan sobre posibles responsabilidades penales". No pretendemos comparar situaciones, ya que el síndrome tóxico afectó a la salud de muchos españoles. Pero es también cierto que muchas de las personas que durante años se privaron de todo para poder complementar sus pensiones, para dejar un patrimonio a sus hijos discapacitados... han visto mermada su vitalidad o acelerado su final.

Estas personas no pueden esperar 15 años para obtener la indemnización que en justicia les corresponde. Necesitan una solución urgente y que el Estado asuma ya sus responsabilidades sin esperar una sentencia, que sabemos que llegará, pero no cuándo. Se impone una solución política que permita a las 460.000 familias recuperar su dinero y al Estado ahorrarse los intereses de demora que supondría dilatar el proceso. Porque si permitimos que nuestro sistema castigue así a cientos de miles de personas, mañana le puede tocar a cualquier otro ciudadano.