Bruselas expedienta a España por intentar obstaculizar la OPA de E.ON sobre Endesa
La Comisión da dos meses al Gobierno para que modifique la norma que amplía las competencias de la CNE o la justifique de forma «suficiente»
Actualizado: GuardarEl sector energético se enreda cada vez más. La Comisión Europea decidió ayer abrir un procedimiento de infracción a España por el Real Decreto-Ley que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que tras los cambios introducidos podría obstaculizar la oferta de compra (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa. A partir de ahora, el Gobierno tiene dos meses para modificar la norma o justificarla de forma «suficiente» si la cree adecuada. El Ejecutivo restó trascendencia a la decisión de Bruselas, mientras que el PP insistió en que las nuevas facultades de la CNE vulneran tanto la Constitución como el Derecho comunitario.
El Ejecutivo español y la Comisión europea entran así en un contencioso de muy largo alcance que habrá de consumir años si antes no media acuerdo entre España y Alemania, y entre las partes en litigio, (Endesa, E.ON y Gas Natural).
Poderes amplios
La Comisión entiende que las nuevas competencias atribuidas a la CNE le confieren «poderes amplios y discrecionales que no están justificados» y que, por tanto, constituyen una violación de las leyes del mercado interior. La autorización previa del regulador español para las operaciones de adquisición de capital superiores al 10% en empresas que desempeñan una actividad regulada o que se encuentran sometidas a supervisión especial, vulnera, al decir de la CE, los artículos 56 y 43 del Tratado, sobre libre circulación de capitales y sobre derecho de establecimiento.
En consecuencia, la Comisión ha reclamado de las autoridades españolas explicaciones sobre la disposición controvertida, bajo la forma de una carta de emplazamiento, a la que Madrid deberá dar respuesta en dos meses. Es el primer paso del procedimiento de infracción. Irá seguido de un dictamen motivado en el caso de que las explicaciones que el Gobierno dé a la carta no satisfagan a las autoridades. Si, aún así, el Estado implicado no se aviene a modificar el estado de cosas cuestionado, el asunto pasa al Tribunal de Justicia de la UE.
La CE, como reconocía el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, «quiere que España modifique» el polémico decreto, y está dispuesta a llegar hasta la Corte de Justicia. El Gobierno español tampoco descarta llegar a esos extremos, aunque no lo desee, como reconocía el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro.
La eventual disputa ante el Tribunal europeo revestiría una gran complejidad. España argumentaría entonces las diferencias existentes entre los socios comunitarios sobre apertura de mercados energéticos.
