El fraude a Hacienda de las facturas falsas sobrepasa ya los 60 millones de euros

La Operación Halcón contra una red de facturas falsas en Cádiz alcanza su tercera semana con un balance demoledor: trece imputados, de los que cinco están en prisión y ocho han quedado en libertad con cargos. Éste era el resumen que ofreció ayer la delegada especial de la Agencia Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández, del duro golpe contra el fraude fiscal desmantelado en la provincia después de casi un año de investigaciones del servicio de Vigilancia Aduanera.

La red que fue tejiendo el presunto cabecilla de la organización, Carlos Carretero, ex policía Local de Ubrique, implicó a empresarios de la marroquinería, que ha sufrido un duro varapalo con esta operación, pero también tuvo ramificaciones en otros ámbitos, como el inmobiliario, según confirmó ayer Fernández. El sector privado de estos ámbitos compraba facturas falsas previamente emitidas por Carretero y sus colaboradores y según las estimaciones realizadas al culminar la segunda fase de detenciones, el fraude podía multiplicarse en un 50% sobre las previsiones iniciales y alcanzaría ya los 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas).

La trama urdida y cometida por los trece imputados buscaba ventajas fiscales irregulares, ya que estos recibos «inflados» permitían obtener de forma irregular beneficios fiscales en el Impuesto del Valor Añadido (IVA) y en el Impuesto de Sociedades, los dos principales, juntos al Impuesto de la Renta de Personas Físicas, en la labor recaudatoria de la Agencia Tributaria.

Pilar Fernández constató ayer que el perjuicio causado por esta red delincuente es «enorme»; no en vano, los casos que este organismo elevó el año pasado a la justicia en Andalucía tuvieron un valor de 205 millones de euros, con lo que el balance económico alcanzado hasta ahora en la Operación Halcón supone casi un tercio de este total anual.

Además, el epicentro inicial de Ubrique se ha extendido con las últimas tres detenciones a otros puntos de la provincia, con lo que las localidades salpicadas por esta trama son ya Arcos, Algodonales, Jerez y San Fernando. Sin embargo, la delegada andaluza matizó ayer que con los arrestos no finaliza la operación, «sino que es entonces cuando empiezan las regularizaciones y las imputaciones de delitos», que van desde la propia estafa pública hasta la falsificación de documentos mercantiles o blanqueo de capitales. Además, Fernández aseguró que las detenciones no están cerradas.

Lujos

Para culminar con estas localizaciones, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil han realizado diez registros en empresas y sociedades, donde se ha intervenido abundante documentación, coches de lujo y propiedades inmobiliarias de los imputados y se han bloqueado cuentas bancarias, entre otras acciones.