Encuentro inconveniente

La reunión celebrada ayer entre el lehendakari Ibarretxe y el líder de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi plantea un problema que no es nuevo respecto al reconocimiento político e institucional de una organización declarada judicialmente fuera de la ley. A nadie se le oculta que la izquierda abertzale existe organizada y sujeta a una disciplina de acción y pronunciamiento. Es, por tanto, mucho más que una realidad sociológica. Es una trama estructurada que aspira a revalorizarse a cuenta del alto el fuego de ETA. Parece evidente que uno de los propósitos del parón en la actividad terrorista es recuperar la legalidad para Batasuna. Pero de la misma forma que los terroristas cifran su victoria en evitar pedir perdón o asumir el terrible daño causado, la izquierda abertzale trata de apurar las posibilidades de que sea el Estado de Derecho el que se retracte para eludir su propia responsabilidad. Aunque sea sembrando dudas -como ayer hizo Otegi ante el incomprensible silencio de Ajuria Enea-, respecto a la entereza del Gobierno vasco a la hora de cumplir con sus obligaciones policiales en la prevención del delito y en el cumplimiento de los mandatos judiciales. El lehendakari Ibarretxe pudo evitar el acto de reconocimiento institucional que supone recibir a Otegi en su calidad de líder de Batasuna. Entre otras razones porque, como era de esperar, la cita no ofreció otro fruto que una puesta en escena a conveniencia de ambos protagonistas, aunque más favorable para Otegi. Las palabras del dirigente de Batasuna, jactándose de partir «con ventaja porque la mayoría de este pueblo coincide en que Euskal Herria es una nación y tiene derecho a decidir» son, también, la consecuencia del ventajismo soberanista en el que trata de acomodarse, entre otros, el propio Ibarretxe. La pretensión de establecer un acuerdo sobre la forma de ejercer el «derecho a decidir» -pretensión compartida con Batasuna por buena parte del nacionalismo gobernante-, no sólo busca cuestionar de plano la forma positiva en que el reclamado derecho viene ejerciéndose en el marco constitucional y estatutario.

Está claro que -tal y como se escenificó ayer-, trata de integrar al rupturismo a expensas de que cuanto menos una parte del constitucionalismo se autoexcluya ante esa eventual componenda. La altanería batasuna, exigiendo una «verificación democrática» de la disposición del Estado a respetar lo que decidan los vascos, puede ser hoy una bravata que mañana acabe retorciendo el curso de los acontecimientos y enturbiando el alivio inicial suscitado por el alto el fuego etarra.