El circo del urbanismo

Se nos ha helado la sangre esta semana con el caso Malaya, con el que se ha levantado una vez más la manta en el laberinto esperpéntico de tramas y corrupciones marbellíes. Malversación de caudales públicos o tráfico de influencias son algunos de los delitos de que se acusa a la alcaldesa y a otras 19 personas, entre ellos también la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que guardaba la friolera de 360.000 euros en un saco. Impresionante, con todo lo lícito que pueda ser guardar los dineros de uno debajo del colchón, suena «como sospechoso».

Después de este caso sin precedentes, la oposición de IU y PSA en Chiclana se ha apresurado a pedir a la Junta que actúe para asumir las competencias urbanísticas de la localidad, como sí se hará en Marbella. La llamada a la «urgente» intervención viene propiciada por dos sentencias del TSJA en contra el PGOU del municipio, aunque en ellas el Tribunal ya decía que no advertía mala fe, sino que sólo exhortaba a los dirigentes chiclaneros a subsanar aspectos indefinidos.

La prudencia debe imperar en política a riesgo de caer en un circo de oportunismo. Cierto es que el precedente malagueño es causa de una clara y manifiesta negligencia que nunca debería permitir repetirse, pero una cosa es una aprobación incorrecta del PGMO y una política urbanística descontrolada, como la ha tenido todo el litoral andaluz, y otra una trama de corrupción (otra más) de tintes totalmente mafiosos que se ha perpetuado en la sociedad como la mayor de las prostituciones políticas conocidas en este país..