El juicio por maltrato en la perrera de Puerto Real se reanuda este jueves

El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz reanuda este jueves el juicio que se está celebrando contra los acusados por presunto maltrato animal de la antigua perrera de Puerto Real. Se espera que hoy declare el gerente del centro además de que den su versión los testigos que han citado las partes.

Como se recordará, el juicio está dirimiendo si en la citada perrera se sacrificaron perros de manera «indiscriminada» con Mioflex, un potente paralizante muscular que, según la acusación, provocaba a los canes una muerte «lenta y agónica» por asfixia. El Ministerio Fiscal pide para todos ellos una pena de un año de prisión por un supuesto delito de maltrato animal. Las acusaciones particulares, la protectora El Refugio que denunció los hechos, y la pareja italiana cuyos animales, como aseguran, fueron víctimas del caso, solicitan para los procesados un año y medio de prisión.

Por su parte, las defensas piden la libre absolución de sus representados.

En el arranque del juicio el pasado viernes ya se pudo escuchar la versión de dos de los acusados. Uno de ellos, el veterinario que trabajó en el centro de 2004 a febrero de 2007, admitió que sí utilizó durante una época el medicamento cuestionado, el Mioflex. Pero, según matizó, lo usó una vez que en la perrera instalaron una incineradora propia para evitar el ‘rigor mortis’ de los animales y que así se pudieran introducir en el horno crematorio más fácilmente.

Como explicó, inoculaba de manera subcutánea este relajante a los canes pero «siempre» después de un analgésico previo, tiobarbital (que en dosis altas puede funcionar como eutanásico), y cuando el perro «había perdido la inconsciencia», aunque todavía mantenía el riego, ya que el flujo sanguíneo permitía el mejor reparto en el organismo de dicho relajante. Según añadió, «nunca» lo usó como un eutanásico y siempre se lo inyectaba en el período de 20 ó 30 segundos en los que tardaba en morir el can, desde que le había suministrado el citado tiobarbital.

Por su parte, la otra acusada que declaró, señalada como la directora, aseguró que nadie le habló de un «medicamento comprometido» y afirmó que las instalaciones estaban limpias y que al centro acudían inspectores de manera habitual, además de agentes del Seprona y excursiones escolares.