El juez investiga al propietario del Bar Grimaldi por tres presuntos delitos

El juez del Juzgado de Instrucción número dos de Cádiz ha citado para este jueves al propietario y al cocinero en el momento de los hechos del Bar Grimaldi de Cádiz para tomarles declaración. El juez Miguel Ángel López Marchena continúa así con la instrucción sobre el caso de intoxicación masiva por salmonela que afectó a 112 personas durante el pasado Carnaval.

Según fuentes consultadas, en cuanto al dueño del establecimiento el juez ve indicios de tres presuntos delitos: uno contra la salud pública, otro de lesiones –que está pendiente de valoración según los informes médicos que se presenten– y, además, otro posible delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de un joven de San Fernando de 24 años que, como se recordará, fue la única víctima mortal del caso más grave de intoxicación masiva que se recuerda en la capital gaditana.

La defensa de la familia del joven fallecido ha aportado a la causa nuevas pruebas con el objeto de demostrar que fue la ingesta de un bocadillo de tortilla lo que le provocó la muerte y no unas patologías previas. Además, queda pendiente saber el resultado definitivo del informe de la autopsia ya que se está a la espera de que se haga un coprocultivo de heces que se ha solicitado. Por tanto, hasta que no se reciban todos los análisis no se podrán hacer las conclusiones forenses que determinen si realmente existió una relación causal entre el fallecimiento de este joven y la intoxicación. Las pruebas serán claves en el caso porque de ello depende que el juez sí encuentre indicio o no de delito de homicidio imprudente.

En cuanto a las lesiones sufridas por el resto de afectados (más de un centenar de personas), están pendientes de que los forenses determinen cuál fue el daño ocasionado. Así, los interrogatorios y el resto de pruebas ayudarán al juez a determinar si en se cometió dicho delito penal.

Testigos

De momento, la investigación sigue bajo secreto sumarial. Según las mismas fuentes, ya se ha tomado también declaración a otros testigos como los técnicos de Sanidad de la Junta de Andalucía que realizaron el informe administrativo sobre el estado del bar donde se vendieron las tortillas que causaron el brote. Además, el juez cuenta también con el informe policial que se hizo sobre el asunto después de que los agentes de la UDEV tomaran declaración tras los hechos a trabajadores, testigos y afectados.

El Juzgado de Instrucción número dos abrió la investigación tras conocerse el gran número de personas que habían resultado afectadas tanto de Andalucía (Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada y Jaén) como del resto de España. Sólo la Unión de Consumidores, personados en la causa, representa a más de una veintena de ellos.

Según la delegación de Salud, la pésima manipulación y conservación del producto fue el motivo de este brote masivo. Como explicó entonces el responsable del área en una rueda de prensa, la tortilla estaba «altamente contaminada por su manipulación e higiene». Las pruebas también revelaron que dos de los manipuladores del establecimiento eran portadores de ‘Salmonela Enteritidis’, que es la misma cepa bacteriana que se encontró en las heces de todos los pacientes. El delegado precisó que «eran portadores, no estaban contagiados», con lo que, según sus análisis, fue una incorrecta elaboración del producto la que terminó por desencadenar ese elevado contagio.

Por su parte, el propietario del establecimiento explicaba con motivo de la reapertura del bar, permitida tras cumplir con todos los controles y requisitos establecidos por Salud, que todo tuvo que tratarse de un «error» porque siempre habían mantenido de manera escrupulosa las condiciones higiénicas en su negocio y habían pasado las inspecciones.