El Ayuntamiento no puede frenar el desalojo de tres familias en San Juan

Vanessa Vento, Elisa Catalán y Olga Toledano se han convertido en las desgraciadas protagonistas de un nuevo episodio de desalojo de un inmueble en Cádiz. En este caso el suceso tuvo lugar en los pisos que tres familias con menores okupaban en el número 37 de la calle San Juan, una propiedad privada que se encontraba con viviendas vacías desde hace años y en las que decidieron instalarse de manera desesperada ante la ausencia de un techo en el que seguir adelante en su pelea diaria con la vida.

Es la segunda ocasión en la que el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se enfrenta a una situación de este tipo, después del desahucio que tuvo lugar el pasado mes de junio la calle Benjumeda 35, y en ninguno de los casos ha podido impedir que las familias acabaran fuera de sus hogares.

En aquella ocasión varios de los concejales de Por Cádiz sí se puede se apostaron junto con otras personas a las puertas de la finca para tratar de impedir que la Policía Nacional accediera a su interior, resistencia que les costó una situación judicial a David Navarro y Adrián Martínez de Pinillos.

Esta vez, en San Juan, también hubo presencia de concejales del equipo de Gobierno, seis concretamente –Adrián Martínez de Pinillos, Ana Fernández, María Romay, Manuel González Bauza, Ana Camelo y Eva Tubío–, aunque su actitud fue bien diferente, acompañando y sirviendo de apoyo a las personas afectadas.

Eva Tubío, concejala de Vivienda, se refirió in situ a la «necesidad de que los ayuntamientos y la autoridad judicial estemos coordinados para intentar evitar situaciones como las vividas este lunes», ante las que «se pueden buscar alternativas». En este sentido, recordó que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un protocolo «para mejorar la actuación de las instituciones en estos casos».

Más tarde, y a través de las redes sociales, fue más contudente: «Desahucios y desalojos tienen soluciones posibles, pero no basta con que lo deseen con coraje un puñado de ciudadanos y unos cuantos políticos. Se necesita además un Gobierno central que no actúe a la contra y se precisa, mientras no cambiamos de gobierno, jueces comprometidos (...) que notifiquen con tiempo a los Servicios Sociales, o policías y funcionarios que hagan por objetar en estos procesos, o cerrajeros que prefieran no hacer caja de estas desgracias».

Casi de madrugada

A pesar de los intentos de las afectadas, que solicitaron en el juzgado una moratoria que les concediera más tiempo para encontrar otra vivienda, la realidad es que las tres mujeres y los menores se han encontrado de un día para otro en la calle. Una situación que temían que se produjera, pero no de una manera tan inesperada como la que tuvo lugar a primera hora de este lunes.

El desalojo fue efectuado por la Policía Nacional tras la orden dictada por la autoridad judicial a denuncia del propietario de la finca.

Desde muy temprano, la calle San Juan se mantuvo precintada y vigilada por los agentes para evitar cualquier incidente durante el desalojo, que fue del todo pacífico. Los miembros de la Policía Nacional sitos en el lugar esperaron a que los menores que vivían allí marcharan al colegio para iniciar el desalojo de las viviendas, cuyos enseres y muebles fueron transportados a un camión por trabajadores municipales, ya que el Ayuntamiento puso a disposición de las familias un vehículo para trasladar las bolsas en las que guardaron sus pertenencias. Posteriormente, una vez que las viviendas estaban vacías, se procedió a tapiar con ladrillos cada una de las entradas.

Hay que destacar que una de las viviendas de la finca aún sigue habitada por una familia que cuenta con un contrato de alquiler que los propietarios sí accedieron a hacer, una opción con la que las tres familias desalojadas no han contado en ningún momento, según han comentado las propias okupas.

De manera provisional, las tres familias han sido realojadas en una pensión de la capital mientras que los trabajadores sociales del Ayuntamiento continúan valorando su situación y asesorándolos en la búsqueda de una alternativa habitacional. Desde la delegación de Asuntos Sociales ya se instó a las afectadas a que buscaran nuevas viviendas de alquiler que serían costeadas por el Ayuntamiento, pero finalmente no les ha dado tiempo de encontrarlas.