El último ERE en UGT deja sin asesoría jurídica permanente a la sede de Cádiz

Las instalaciones de UGT en Cádiz albergan las sedes de las federaciones provinciales, de la dirección del sindicato en la provincia. Han sido tradicionalmente el corazón de la organización como ocurre en el resto de capitales de provincia. Pero este centro de operaciones de lo que fue el sindicato más poderoso (por afiliados e influencia en el territorio) está en horas bajas, en un proceso de reducción drástico de personal y servicios.

El último expediente de regulación que ha afectado a los servicios jurídicos del sindicato ha supuesto el cierre de su oficina en la capital. A partir de este lunes, los usuarios deben concertar cita para ser atendidos por letrados de la oficina de Jerez, que dos veces por semana 'bajarán' a Cádiz para pasar consulta.

Ésta ha sido la consecuencia del último ERE declarado por la organización sindical en la Fundación Socio Laboral de Andalucía (FSLA), responsable de los servicios jurídicos de UGT-A. El conflicto laboral se cerró con acuerdo entre las partes, según un comunicado remitido por la Fundación hace un mes.

De los 27 trabajadores señalados inicialmente, las salidas se redujeron a 14, junto a la aplicación de medidas de ajuste en los centros de trabajo como la reducción de jornadas.

En el caso de la provincia de Cádiz, los despidos anunciados con el ERE no se han reducido al término de la negociación y de las tres bajas reclamadas por la FLSA, no hubo ninguna mejora. Tampoco se ha podido evitar el cierre de la asesoría de la capital, una posibilidad que se puso encima de la mesa al arrancar las negociaciones entre trabajadores y dirección y que tampoco se ha esquivado.

Las tres bajas en Cádiz son de dos abogados y un administrativo que trabajaban en el despacho de Algeciras. Para tapar las ausencias en el Campo de Gibraltar y evitar el cierre de esa oficina, dos empleados de Cádiz han sido desplazados a esa comarca, propiciando el desmantelamiento de la asesoría capitalina, que pasa a depender de Jerez.

Fuentes del sindicato aseguran que desde algunas federaciones están presionando a la ejecutiva provincial para que se replanteen esta situación. «Cádiz puede ser la única capital de provincia y sede provincial del sindicato que no disponga de una asesoría propia». Para los afiliados, la defensa jurídica es un servicio clave.

Así, las repercusiones de esta medida no solo las sienten los usuarios que tendrán que esperar para ser atendidos; también se notará en la asesoría legal de Jerez que asume la dirección de más pleitos, multiplicando su carga de trabajo.

Marcando distancia con la Fundación

Cuando la Fundación declaró el ERE en su plantilla andaluza el pasado mes de febrero, el sindicato quiso desvincularse por completo de esta decisión, argumentando que la FSLA es un ente independiente. Detrás de esas afirmaciones hay una estrategia de marcar distancia con la estructura satélite que fue creciendo durante los años de bonanza alrededor de la organización sindical, antes de que ésta se viera sumida en los escándalos por su forma de financiarse.

Sin embargo, la composición del patronato de la Fundación; cómo nació al amparo de UGT y cómo se fue nutriendo de trabajadores procedentes del sindicato, desmontan esa idea. Así en 2001, todos los letrados que trabajaban para UGT-A en el territorio andaluz pasaron a formar parte de la FSLA y acudiendo a sus propias cifras de actividad, el 75% de la clientela de la fundación es afiliada al sindicato.