Las graves carencias en la seguridad del búnker de la droga, claves en el robo

El 28 de septiembre del año pasado, entre las 23 y las 3:30 horas de la madrugada del día siguiente, se ejecutaba en el interior del parque móvil del Estado, situado en la calle Granja San Ildefonso de Cádiz, el mayor robo de estupefacientes cometido en el país. Unos 400 kilos –300 de ellos cocaína de gran pureza procedente de una intervención policial en alta mar– eran sacados del llamado búnker de la droga. Un almacén que depende de la Subdelegación del Gobierno pero que el Cuerpo Nacional de Policía tenía encomendada la vigilancia. Hoy se cumple el aniversario de un palo histórico. Jamás se había sustraído tanta cantidad de estupefaciente que previamente había sido incautado a las mafias. Y un año después, la únicas responsabilidades que se han depurado han sido las meramente disciplinarias. Diez agentes que trabajaban en la noche del robo y en los turnos siguientes hasta que el domingo por la mañana, sobre las 11.15 horas, se descubrió el asalto, fueron sancionados con pérdida de empleo y sueldo de dos a cuatro días. Sin embargo, el robo puso de manifiesto las pésimas medidas de seguridad que debían velar por una mercancía muy valiosa –millonaria en el mercado negro– y muy deseada en tiempos de crisis y de feroz competencia entre las bandas de narcotraficantes.

Así lo revela el informe que elaboró el instructor de la investigación interna que acabó con policías sancionados y que a día de hoy son los únicos que han cargado con las culpas de un robo que ha hecho historia. LA VOZ ha tenido acceso a dicho informe que reconoce que los funcionarios incurrieron en una falta leve por retraso o negligencia a la hora de realizar sus funciones. Pero el instructor también sopesa en su decisión las graves carencias de seguridad, las cuales no le complicaron la tarea a los ladrones. Por primera vez, un medio de comunicación tiene acceso al relato completo de los hechos y a datos oficiales que forman parte de las diligencias 1591/2012 declaradas bajo secreto de sumario por la titular del juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz, Lourdes del Río. 

Como informó en exclusiva este periódico a los pocos días de ocurrir el robo, la principal prueba que ha servido para reconstruir el robo, cuándo y cómo se produjo, la ofrecen las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas dentro del parque móvil y que enfocaban a la entrada del búnker –ubicado al fondo del aparcamiento– y a la puerta principal por donde acceden los vehículos oficiales.

El dispositivo de vigilancia lo componían cuatro cámaras cuyas imágenes llegaban al monitor instalado en la garita de control que hay en la entrada de la Comisaría Provincial, a escasos 150 metros del depósito.

Más de cuatro horas de asalto

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), responsable de la investigación para dar con los autores del asalto, trabaja con imágenes de cinco secuencias, captadas entre las 23:07 horas y las 3:34 horas, y en las que se ve hasta cuatro individuos distintos que acceden por una ventana lateral y fuerzan la puerta del almacén con una palanca. Esta operación no la hicieron de forma rápida y limpia. Esas cinco secuencias captadas por el sistema de vigilancia corresponde a las cinco veces que llegaron a entrar y salir por el hueco de una ventana. En algunas ocasiones para traer herramientas, en otras simplemente se escapaban alertados por el ruido de una sirena para regresar de nuevo al parque móvil. En total, los ladrones invirtieron más de cuatro horas para conseguir abrir la puerta del búnker y sacar los fardos y bolsas, ayudados de un carrillo y con las manos. Demasiado tiempo, demasiado expuestos a ser sorprendidos y una escasísima preparación previa de medios para acometer el asalto. Son elementos que hacen descartar que el robo sea obra de profesionales.

Si se compara con otro robo similar, por el botín y el escenario –depósito de Málaga, en noviembre de 2011–, se observan claras diferencias entre un robo limpio y una chapuza que salió bien y con ayuda de fallos en la seguridad y la vigilancia. En el primero, los ladrones inutilizaron todos los sistemas como sensores de movimiento, alarma y cámaras. Sustrajeron también 300 kilos de cocaína, no dejaron ni una huella y se llevaron hasta el disco duro donde se guardaban las imágenes grabadas. Al igual que en el caso de Cádiz, el caso sigue sin resolverse.

10 años sin actualizar el sistema

Sin embargo, en el asalto al búnker de la Granja San Ildefonso no quedó en evidencia la pericia de los cacos sino las notables faltas de medidas de seguridad que llevaba años arrastrando un almacén que por su contenido debía disponer de una vigilancia que contara con la tecnología más fiable para hacer de él lo que su nombre indicaba: un búnker. Sólo el histórico asalto obligó a las autoridades a trasladar la droga a la cámara acorazada del antiguo Banco de España.

Obsoleto desde 2002

El instructor recoge en su informe que el sistema fue instalado en el año 2002. Según indica la empresa privada que se encargó de su puesta en marcha, hace diez años esas medidas podían considerarse suficientes, pero a día de hoy habían quedado completamente obsoletas. El responsable de la empresa había trasladado en varias ocasiones a la Subdelegación del Gobierno la necesidad de actualizar, mejorar y modificar la mayoría de los elementos que componen el sistema pero sus peticiones cayeron en saco roto «por cuestiones presupuestarias», recoge el informe.

Esos recortes fueron esenciales para que no se cambiaran puertas y cerraduras con materiales homologados y más resistentes; no se actualizara o modificara el sistema de transmisión de imágenes del cctv (circuito cerrado de los monitores) o no se incorporara un dispositivo básico como el que disponen muchos hogares: una simple conexión a una central receptora de alarma. Cuando los ladrones comenzaron a forzar la puerta del almacén, con un sistema tan rudimentario como una palanca, no saltó alarma alguna.

El instructor hace constar que desde 2002 la actualización del sistema brillaba por su ausencia. Con el paso del tiempo se fue quedado obsoleto, llegando a perder algunos de los dispositivos que habrían servido para alertar a los agentes.

Entre las medidas que no estaban en funcionamiento la noche del 28 al 29 de septiembre eran las alertas que llegaba al monitor de la comisaría cuando se producía alguna anomalía en las cámaras. Esa noche, los cacos movieron dos de los cuatro dispositivos que quedaron desenfocados y las imágenes que captaban en negro. De haber funcionado las alertas, se habría activado un zumbador (aviso sonoro) en el monitor y la imagen de las cámaras manipuladas se abrirían para ocupar toda la pantalla con una leyenda que el funcionario habría podido leer y puesto sobreaviso de inmediato: ‘Alarma’. Pero estos dispositivos estaban desactivados porque se había cambiado el monitor con el paso de los años y no se habían actualizado en los nuevos terminales.

Así, la única forma que quedaba de detectar algún tipo de intromisión en el búnker era el visionado «permanente» del monitor donde llegaban las imágenes. Un dispositivo de 14 pulgadas cuya pantalla estaba dividida en nueve subsectores para reproducir al unísono la señal de siete cámaras: cuatro del depósito, dos del perímetro de la comisaría y una instalada en los calabozos.

El cúmulo de deficiencias en materia de seguridad que recoge el informe alcanza también a la organización de las funciones del personal cuya responsabilidad era el visionado del monitor. Hace un año, los policías que asumieron esa tarea lo hicieron de forma circunstancial porque sus compañeros, habituados al control de ese sistema, estaban de permiso. Así, se ocuparon de esta monotorización agentes que no estaban familiarizados con el control de imágenes en pequeñas pantallas de once centímetros.

Además, el instructor subraya que el funcionario destinado a vigilar ese monitor tiene que compatibilizar esa función (por ser el único agente en ese puesto) con el control de la entrada de la Comisaría. La investigación interna concluye que estas circunstancias también fueron determinantes, además de la negligencia, para que ningún funcionario se diera cuenta de lo que grababan las cámaras dentro del búnker. Fue el chófer de una autoridad quien se percató el domingo 30 por la mañana que la puerta del búnker estaba forzada.