Enseñanza para el crecimiento

Todos los ciudadanos españoles tienen el derecho a la educación. En la Constitución lo que prevalece es el derecho a la educación de los ciudadanos, con independencia del modelo educativo, público o privado, sobre la base de la libertad de enseñanza. El pensamiento único progresista exige la enseñanza pública como adalid de la garantía de los derechos. La ideología totalitaria marxista, punto neurálgico de la justificación de los principios y valores sobre los que se sustenta la política educativa de la izquierda, es que somete la realidad a la ideología, no admitiendo opciones alternativas y complementarias, con plena cabida en el esquema constitucional español.

Después de cuarenta años de democracia en España y un innumerable numero de leyes educativas, el sistema educativo hasta ahora existente es un fracaso. Tres análisis lo corroboran. El lugar ocupado por España en el informe PISA está muy por debajo de la media mundial. La cifra de abandono escolar se sitúa en el 25%. La tasa de paro juvenil supera con creces el 50%. Sin embargo, no pueden relacionarse estos tres índices decepcionantes, con el gasto sobre PIB en educación. España está por encima de la media. Tampoco la relación número de alumnos por profesor. Sólo un dato indicativo, el coste por alumno en la educación pública española, supera el de Finlandia, país número uno en todos los rankings educativos.

Está más que claro que la izquierda, tanto política como social, tiene animadversión a la excelencia. Porque inexorablemente ésta tiende a la creación de élites por los conocimientos adquiridos. Y ante este temor, las directrices políticas son tajantes al respecto: «igualar por abajo». Se confunde igualdad de oportunidades, para hacer realidad el principio sagrado de la libertad, con igualitarismo.

Quizás el debate debiera centrarse en dos modelos con parecido fin, pero radicalmente diferentes en la base. Son los utilizados en dos países nórdicos, reflejos ambos y admirados por la socialdemocracia española. Son estos Finlandia y Suecia. El primero, dispone de un modelo de enseñanza pública gratuita, donde la ‘excelencia’ es la piedra angular del sistema. Este modelo se apoya en una sociedad homogénea y la posibilidad de aplicar un currículo nacional único. El segundo, que también persigue la excelencia, opta por un sistema radicalmente distinto y pienso que por la propia vertebración del Estado español y la propia sociedad española, es el que encajaría en España. El Estado sueco calcula el coste de la enseñanza por alumno y procede a hacer entrega a cada familia con niños escolarizados el llamado cheque escolar. O lo que es lo mismo, una rebaja impositiva en la cantidad proporcional que cueste al Estado cada estudiante. Son las familias las que deciden el centro de enseñanza para sus vástagos, público o privado.

¿Por qué se teme tanto a que cada uno ejerza la libertad de elección, en algo que va a predisponer su futuro de formas determinante? Primero, porque se confunde igualdad con igualitarismo. Segundo, porque los políticos no creen en la libertad del individuo. Porque en el fondo y en la forma, quieren un Estado omnipresente.