Cuenta atrás para las mancomunidades

Puede resultar un tópico, pero el final de las mancomunidades de municipios estaba escrito. Es la crónica de una muerte anunciada desde que estalló la crisis. El Gobierno de la Nación pretende sacar adelante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con la que quiere adelgazar la estructura de la Administración y, al mismo tiempo, ahorrar, más de 3.500 millones de euros. Todo parece que está pactado entre PP y PSOE a falta de ajustar algunos flecos. El texto que ha sido consensuado destaca la supresión de las cerca de 1.000 mancomunidades de municipios que hay en España, de las que cuatro se encuentran en la provincia de Cádiz. Igualmente equipara el sueldo de los alcaldes de las grandes ciudades al salario que perciben ahora los secretarios de Estado (67.055 euros) y además reduce en un 30% el número de concejales en los ayuntamientos.

Uno de los puntos en que más han incidido los impulsores de este proyecto tiene que ver, sin embargo, con la «clarificación de competencias del ámbito local». Es decir, con evitar duplicidades y aclarar qué servicios deben ofrecer los Ayuntamientos. El Gobierno estima que ahí radica el ahorro. En los últimos años los consistorios han ido asumiendo muchas funciones y, sobre todo, bastantes más de las que pueden sufragar con sus presupuestos actuales, en plena senda de la reducción del déficit público.

La desaparición de las mancomunidades ha tenido respuestas encontradas en la provincia, donde casi un centenar de trabajadores comprueba como peligra su puesto de trabajo. Así, el que ha sido durante ocho años responsable de la Mancomunidad de la Sierra, el socialista Alfonso Moscoso, actual alcalde de Villaluenga, reconoce que «se trata de una medida que no tiene mucho sentido». El regidor incide en la defensa de estas instituciones porque son una herramienta de gestión para los municipios pequeños. Este es el caso de la comarca de la Sierra que, según Moscoso, tiene mancomunados los servicios de abastecimiento de agua, la recogida selectiva de basuras, la escombrera, las guarderías infantiles y el servicio de orientación y formación profesional. El expresidente de la Mancomunidad de la Sierra aclara que sin esta institución, los municipios menores de 20.000 habitantes no podrían sufragar con sus recursos este tipo de servicios básicos.

El proyecto de reforma recoge, entre otros asuntos, que las competencias de las mancomunidades sean asumidas por las diputaciones provinciales, con el fin de evitar duplicidades. La Mancomunidad de la Sierra, que ahora preside la alcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero (IU), agrupa a 19 municipios y el presupuesto que maneja es de unos cinco millones de euros. Cuenta con 18 trabajadores laborables-fijos y un centenar, adscritos a los programas que desarrolla.

Las mancomunidades se crearon, sobre todo, en la década de los noventa para mancomunar o consorciar servicios básicos en una misma comarca, sin embargo, con el tiempo se han convertido en nuevos foros de debate político, que han marcado también tanto su propio futuro como su gestión. De hecho, el presidente de la Diputación provincial de Cádiz, el popular José Loaiza, ha reiterado en varias ocasiones que las mancomunidades no pueden ser ni funcionar como miniparlamentos políticos.

El pasado 24 de noviembre, la mancomunidad del Bajo Guadalquivir echaba el cierre después de 25 años de historia. Esta institución, una de las más antiguas de España, agrupaba a municipios de la provincia de Sevilla y Cádiz, como es el caso de Rota, Chipiona, Trebujena y Sanlúcar. La alcaldesa de Lebrija y presidenta de esta mancomunidad, María José Fernández (PSOE), se vio obligada a firmar su extinción ante la imposibilidad de afrontar los 50 millones de euros que adeudaba a bancos, proveedores, impuestos y Seguridad Social. Ahora son los ayuntamientos quienes tendrán que repartirse el débito para su abono, algo casi imposible, debido a la situación que arrastran las arcas municipales.

Más complicada tiene su supervivencia la Mancomunidad de La Janda, que preside la concejal socialista del Ayuntamiento de Paterna, Lucía Torrejón. La institución, creada en 1995, agrupa a ocho municipios, pero no tiene mancomunado ninguno de los servicios básicos. Su función se limita al desarrollo de programas puntuales de empleo y turismo.

La nueva Ley de Bases de Régimen Local fijará claramente los servicios locales y dará potestad a los interventores municipales (un cuerpo ahora transferido, pero que volverá a ser competencia del Estado, al igual que los tesoreros y los secretarios municipales) para prohibir gastos que un alcalde pretenda realizar y que no estén en sus competencias. Aquellos que se denominan gastos impropios. A los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, además, se les podrán suprimir las competencias que ejerzan por debajo de unos parámetros de calidad en los servicios, que revisará el Gobierno central. Si esos municipios no superan la prueba, sus funciones las desempeñarán las diputaciones.

La tercera mancomunidad que existe en la provincia desde hace 25 años es la del Campo de Gibraltar, que agrupa a siete municipios y preside el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, el popular Diego González de la Torre. El único servicio que tiene mancomunado es el de abastecimiento de agua, mientras que desarrolla actuaciones a través de organismos autónomos como la Fundación Universitaria, el Centro de Formación y empleo y la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos.

Las conversaciones para sacar adelante el texto consensuado de la reforma las han ultimado los responsables de política local de ambas formaciones, Gaspar Zarrías (PSOE) y Manuel Cobo (PP). La dirección del PP, a su vez, reunió en Madrid a finales de diciembre a sus alcaldes y senadores regionales para convencerles de la oportunidad de limar algunas diferencias. Los contactos se han establecido entre el Gobierno, el PP y la dirección actual de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde popular de Santander, Íñigo de la Serna.

La cuarta mancomunidad de la provincia se localiza en la Bahía y está presidida por el concejal chiclanero del PP, Nicolás Aragón. Su implicación en los servicios municipales de la comarca es mayor si cabe que los del resto, aunque también son transferibles a la gestión de la Diputación en caso de que desaparezca. Su mayor gestión mancomunada es el cementerio, ubicado en Chiclana. Además, está vinculada al Consorcio Metropolitano de Transporte de la Bahía de Cádiz-Jerez. También participa en la gestión del Parque Metropolitano de Los Toruños. En materia laboral está ligada a la Fundación Fueca, (Universidad y Empresa), y a la Fundación CEEI Bahía de Cádiz, que es el Centro Europeo de Empresas y Innvovación, situado en el polígono industrial de Las Salinas, en El Puerto.

Todo apunta a que el próximo 15 de enero tendrá lugar el pacto oficial entre PP y PSOE para sacar adelante la reforma, que permitirá reducir la Administración.