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Los conductores recrudecerán las protestas si no se pone fin al conflicto

La plantilla afronta hoy su cuarto día de huelga y asegura que hay compañeros al borde de la «crisis de ansiedad y la depresión»

Jerez Actualizado: Guardar
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Tercer día de la huelga de autobuses y los ánimos siguen igual de caldeados y sin visos de solución a corto plazo. Ayer, ni Ayuntamiento ni Urbanos Amarillos se pronunciaron y los trabajadores protagonizaron una nueva concentración a las puertas de la empresa para reivindicar sus salarios y el cumplimiento del convenio colectivo. Hoy volverán a manifestarse partiendo de las cocheras y recorrerán las principales calles del centro, algo que seguirán llevando a cabo los días alternos además de las concentraciones durante todas las mañanas.

El portavoz del comité de empresa, Ángel Morales, dio ayer un paso más y aseguró que, si la semana que viene no mejora la situación, tendrán que adoptar otras medidas de presión. «Esta semana haremos lo que teníamos pensado, y si la cosa no surte efecto la semana que viene habrá que mirar otras alternativas». El portavoz prefirió ser cauto, si bien no ocultó su tremendo pesar por la angustia de la inmensa mayoría de sus compañeros.

«Hay que tener en cuenta que el último mes que cobramos fue el salario de mayo y con un mes de retraso, por lo tanto llevamos 40 días sin cobrar nada. En los compañeros están dándose casos de todo tipo, comienza a haber muchos cuadros de ansiedad y de depresión, es que con esta situación se puede llegar a perder la cabeza, es algo que todo el mundo puede imaginar».

Como se informó ayer, el Ayuntamiento de Jerez ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el establecimiento de los servicios mínimos por parte de la Consejería de Empleo, al considerarlos insuficientes «para los intereses de los ciudadanos». Los conductores no se pronuncian excesivamente sobre este asunto, ya que es algo que escapa por completo a su competencia, aunque consideran que no deja de ser «un parche» que no solventará el problema del transporte urbano.

En esta línea, reconocen que existe un profundo malestar entre los usuarios, que sin embargo se muestran por completo de su parte. «Los conductores que están cubriendo los servicios mínimos están recibiendo la comprensión de los usuarios, porque todo el mundo entiende que el trabajador tiene que cobrar. Es que no pedimos mejoras, solo cumplir con lo que está firmado. Sin ello, no podemos tirar para adelante, así de simple».

Apoyos

El comité de empresa ya ha mantenido contactos con algunos colectivos como el Observatorio Ciudadano, que le ha trasladado su inquietud por la pérdida frenética de viajeros de los últimos años, cifrada por el Ayuntamiento en tres millones frente a los nueve con los que se contaba antes del último Plan de Movilidad del gobierno anterior. A la plantilla también le consta el apoyo con el que cuentan los trabajadores por parte de la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad, aunque a diferencia de otras ocasiones no han mantenido encuentros con los comerciantes, que son otros de los grandes perjudicados por el conflicto.

En lo que respecta al Consistorio, ayer trascendió que el famoso plazo de ‘diez días’ otorgado a la empresa para que pague el canon de tres millones de euros vence el próximo 22 de agosto, debido a problemas burocráticos. Habrá que esperar a esa fecha para determinar si el ejecutivo está dispuesto a cumplir su amenaza e ir más allá incluso de la vía administrativa para reclamar ese pago.

UGT pide soluciones al colapso de los ayuntamientos andaluces

Cerca de 20 ayuntamientos andaluces deben nóminas a sus trabajadores, según un informe de FSP UGT-A (Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Andalucía), donde se recuerda que además los ayuntamientos que han presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), por lo que ha demandado la puesta en marcha de convenios colectivos en los ayuntamientos a nivel provincial o regional, para así «unificar condiciones salariales y laborales».

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, ha precisado que los ayuntamientos «han asumido competencias impropias que les ha llevado a ofrecer servicios a los vecinos sin recibir la financiación suficiente para afrontarlos, lo que ha ahogado las arcas municipales».

Jerez es uno de los municipios donde los trabajadores tienen nóminas pendientes de cobro siendo, junto a la Línea, los únicos que no son pequeños o medianos municipios, lo que está llevando a la ciudad a una situación insostenible.

Entre los ayuntamientos afectados se encuentran los gaditanos, Barbate o Los Barrios; los sevillanos de Huévar, Estepa, Palomares, Burguillos, Herrera, Guillena, Benacazón, El Saucejo, Carrión de los Céspedes; en Huelva, Aljaraque, Valverde del Camino, entre otros; en Granada, Albuñol, Churriana de la Vega o Motril y en Málaga está Cañete la Real.

Tirado ha apuntado que la casuística de estos municipios «es muy amplia», tras lo que ha advertido que «se están precipitando los acontecimiento y algunos ayuntamientos están llegando a una situación insostenible, por lo que o se ponen las pilas los consistorios o esto no tendrá solución».

En ese sentido, el sindicato ha anunciado que a inicios de septiembre convocará el consejo regional de FSP UGT-A a todos los delegados y representantes de secciones sindicales, con vistas a convocar una «gran movilización» a final de mes de septiembre en Sevilla, que podría celebrarse en torno al 24 de septiembre, aunque la fecha no está cerrada.

«Los ayuntamientos deben implicarse de todas todas, de lo contrario esto será un desastre o un desbarajuste», ha agregado Tirado, quien advierte que de esta situación «no se salva nadie, ningún partido se libra de no poder pagar a sus trabajadores».

El líder de UGT rechaza que la solución a los problemas de financiación de los ayuntamientos sea «despedir a sus trabajadores», cuando «hay muchas alternativas y el objetivo prioritario de los consistorios debe ser conservar el empleo». Ha reconocido que «algunas plantillas están sobredimensionadas, pero eso no es culpa de los trabajadores, que están pagando el pato, sino de los gestores municipales, que no han sabido cumplir sus funciones».