Regate largo

Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, el cielo se derrumbó sobre las cabezas de la izquierda abertzale. Aquella sentencia no sólo acababa con el instrumento de apoyo político a ETA. También acababa con la persistente deslegitimación del sistema constitucional español mediante la cual ETA y sus diferentes marcas políticas venían intentando justificar el terror desde la consecución de la democracia.

Esta pretensión de nuevo partido abertzale se basa en unos estatutos en los que la expresión del «rechazo de la violencia como instrumento de acción política» quiere constituir ese «contraindicio» que daría credibilidad a la ruptura del nuevo partido con la banda terrorista. Pasadas complicidades se dan, sin más, por extinguidas.

«No estamos ante un regate en corto a la normativa legal», afirmó Rufino Etxeberria. Corto, ciertamente no. Pero todo ese énfasis en lo respetuosos que van a ser a partir de ahora con la legalidad, el pluralismo y las libertades significa, en primer término, la confirmación punto por punto de las razones que llevaron al Estado de derecho a colocar fuera de la ley y de las instituciones democráticas a las sucesivas marcas políticas ETA: su condición de instrumentos de complicidad y de extensión del terror que la banda generaba. Todas sus manifestaciones de futuro delatan su pasado. Y no es que se niegue a nadie la posibilidad de rehabilitación. Es que la izquierda abertzale que se ha presentado en Bilbao no escenificó rectificación alguna frente a la atrocidad y el daño inmenso que ETA ha causado con su apoyo y su aplauso. Lo que hicieron esos nuevos y tan viejos portavoces de la izquierda abertzale fue concederse una autoamnistía que pretenden que la sociedad acepte y los tribunales convaliden como pago a cuenta por una mercancía –la desaparición de ETA– que ni pueden ni quieren ofrecer.

Por eso no hay mirada alguna sobre una trayectoria criminal de décadas. A lo más que llegan en su declaración es a amalgamar a las víctimas para que convivan en un mismo recuerdo indiferenciado el inocente con el terrorista al que le estalló la bomba antes de poder cumplir su propósito criminal. El mencionado Rufino Etxebarría explicó que la «oposición» al uso de la violencia, «incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquier manifestación». Como no están dispuestos a decir nada de la violencia irreparable que ya ETA ha practicado, esperan que el futuro les aligere de ese aparente compromiso, al menos durante una temporada ahora que ETA ha dicho que está en tregua. De este modo, reciclan la pirueta verbal a la que recurrían después de cada atentado: la condena es inútil y lo importante es que no haya violencia que condenar. Pero si ETA volviera a atentar con el nuevo partido ya legalizado, Iñigo Iruin ya ha precisado que incluso con la reciente reforma de la Ley Electoral, «la exigencia a los cargos electos es de ‘rechazo’ y ‘separación’, no de ‘condena’, si quieren evitar quedar incursos en la nueva causa de incompatibilidad sobrevenida que se introduce con la modificación legal». Que nadie espere pues una futura condena de lo que ETA haga. Ya han declarado que no lo harán. Es el mensaje tranquilizador para que los suyos no crean que tendrán que matar al padre, con lo que también tranquilizan al padre que sigue armado y presente. Pero si se muestran tan cicateros con las exigencias legales, tendrán que admitir que se les apliquen los filtros legales con todo rigor.

«Esto no es una refundación de partidos ilegalizados, sino una ruptura respecto a ellos». Que Iñigo Iruin pusiera voz a esta declaración de pretendida ruptura con el pasado es una contradicción biográfica dudosamente convincente. Cotejar las afirmaciones de superación de la tutela de ETA con la lista de asistentes al acto del Palacio Euskalduna del pasado lunes en Bilbao sería una broma pesada sino fuera una provocación. Además de mantener intactos cincuenta años de terror, la exigencia de que se abra un «proceso democrático» –es decir una negociación sobre el marco jurídico-político en la que la violencia terrorista testifica el conflicto sobre el que hay que negociar– y la acumulación de fuerzas soberanistas como objetivos proclamados por el nuevo partido, mantienen a esta iniciativa en la misma perspectiva estratégica de ETA. El ajuste de esa relación es una necesidad de supervivencia pero no una ruptura.

Se ha repetido que la concurrencia de Batasuna a las elecciones de mayo sería ‘la prueba del nueve’ de la credibilidad en la firmeza del Gobierno. Pues bien esa prueba ha empezado y no basta con derivar la solución a los jueces que decidirán sobre y hasta dónde llegue la información que les proporcionen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dentro de los procedimientos que insten la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Gobierno a estas alturas debe tener una posición razonada sobre esta pretensión de la izquierda abertzale. No es simple cauce burocrático entre este proyecto de reconstrucción de un partido ilegalizado y los tribunales.

Para probar la veracidad de su propósitos, los estatutos del nuevo partido prevén la expulsión de quienes justifiquen la violencia. Si así fuera, tal vez la solución estaría en permitir que se constituyera. Visto el público del Euskalduna y sólo con la aplicación de sus propios estatutos tendría que disolverse al día siguiente.