El último montañés de La Isla

Joaquín Moreno se ha convertido en el último montañés de La Isla, al ser el único que se ha negado a firmar el acuerdo con la Junta de Andalucía para la expropiación de su vivienda. El recorrido del tranvía exige el derribo del conjunto de casas y locales cercanos al entorno de la Venta de Vargas para mejorar la entrada a la ciudad. Una zona en la que los trabajos han bajado su ritmo a causa de la negativa de Moreno, ya que su decisión no permite que se eche abajo tal construcción.

La intención de la Junta era la de llevar a cabo el derribo antes de la Navidad, pero cuando todo indicaba la solución del conflicto ante el acuerdo definitivo de la mayoría de propietarios, Moreno alzó la voz porque no estaba conforme con lo que le ofrecían. Además, se negó por tanto a abandonar su propiedad. Algo que ya le ha causado algún que otro contratiempo a la familia pues uno de sus hijos se vio encerrado por las vallas que actualmente rodean el edificio y que también colocaron con un candado en la puerta del piso de Moreno impidiendo el paso.

La Administración autonómica ya ha iniciado los trámites para realizar el desalojo del propietario con la intención de que esta situación no se prolongue en el tiempo. Y es que, Moreno está dispuesto a esperar a que los tribunales resuelvan el valor de su vivienda y su local. La Junta está dispuesta a entregarle 100.000 euros por su casa y ahora está viviendo en una de alquiler. Pero, por el local que tenía arrendado por 1.000 euros al mes no hay oferta y eso es lo que pretende Moreno.

Testimonio

«No quieren negociar y soy el que peor ha salido de todos. Me dicen que me van a traer a la Policía y si viene pues me iré dar sin problemas, pero tendrán que traerme la orden judicial para que me vaya», aseguraba Moreno

Todo ello cuando se espera la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla sobre la necesidad de tirar el bloque. El proceso sólo se paralizaría en caso de que hubiera un acuerdo mutuo de las partes y Moreno es el escollo que lo mantiene vivo. La falta de informes previos necesarios para realizar una obra de tal envergadura o la utilidad real del derribo de las casas son algunas de las denuncias que podrían determinar con la anulación de la demolición. Trámites legales a parte, lo cierto es que la Junta necesita aligerar los trabajos para cumplir los plazos y por ello los operarios ya han comenzado a apuntalar el resto de viviendas y locales. Algo que a Moreno no le hace mucha gracia ya que teme que la estructura de su casa se resienta.

«No hay derecho a lo que me están haciendo porque mi familia está de los nervios. Pero que sepan que aguantaré porque estoy dispuesto a llegar hasta el final».