Ayuntamientos al borde de un ataque de eres

El Ayuntamiento de Jerez lleva seis meses mareando la perdiz en torno a un plan de viabilidad económica que pasa, sí o sí, por el recorte de plantilla. En junio, ya se hablaba de la posibilidad de llevar a cabo prejubilaciones, una alternativa difícil de sustanciar con todas las de la ley a estas alturas de la película. Por entonces, empezó a correr la especie de que la Corporación que preside la socialista Pilar Sánchez quizá podría acogerse a la modalidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), similar a tantos como bajo el pretexto de la crisis, vienen enarbolando numerosas empresas en espera de las correspondientes bendiciones administrativas para quitarse de encima a parte o a la totalidad de sus plantillas.

La modalidad elegida a la postre por la casa consistorial de todos los jerezanos ha sido la de la interposición de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), acogiéndose al Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, cuyo capítulo II y IV regula las posibles causas y fases del proceso. El jerezano Antonio Fernández, a la sazón consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ya ha anunciado que en caso de que la documentación que se le presente por parte del municipio se acoja a lo previsto, aceptará el expediente por imposición legal.

La propuesta de Jerez se ha extendido como un reguero de pólvora hacia otros puntos del mapa en donde las plantillas municipales, hinchadas por demagogia o por solidaridad con la España del desempleo, suponen un considerable gasto para el presupuesto global de dichos organismos. Sin salir de la provincia de Cádiz, ya desde La Línea y desde Barbate empiezan a oírse propuestas que van en esta misma línea. E incluso, fuera del mapa gaditano, Unión Pueblo y Democracia ya ha reclamado otro ERTE para Estepona. De seguir esta dinámica, ¿cómo podría asumir la Junta de Andalucía el coste económico de estos expedientes si, según lo previsto en el caso jerezano, tendría que afrontar el pago del 60% del salario de los trabajadores objetos del expediente?

Jerez, con una deuda que oscila en torno a 600 millones de euros, ya intentó sin suerte en 2007 llevar a cabo despidos en la plantilla. El ERTE que ahora se propone sería asumido voluntariamente por los trabajadores afectados, que seguirían percibiendo sus emolumentos de forma íntegra, pero en casa. Una vez transcurridos los dos años de vigencia del expediente, los trabajadores se volverán a incorporar a sus puestos de trabajo, conservando su antigüedad. El ERTE podría suponer, según las primeras estimaciones, un ahorro total de 10 millones de euros, más de un tercio de lo que figura en el Plan de Viabilidad Económica para el periodo 2010-2012, que busca aliviar la suma de 28 millones de euros. Como se sabe, el Ayuntamiento jerezano ofrece empleo a más de 2000 trabajadores, cuyas nóminas alcanzan a 111 millones de euros al año. La alcaldesa Pilar Sánchez está logrando fraguar un cierto acuerdo con los sindicatos mayoritarios para que 300 empleados municipales se vean afectados por esta propuesta. Claro que se trataría de mayores de 60 años que, a dos años vista, se encontrarían prácticamente a las puertas de la prejubilación: ingeniosa manera, vive Dios, de llevar a cabo un recorte de plantilla sin los serios obstáculos que la actual legislación impondría. Sin descuidar, por supuesto, la obtención de otra moratoria en el pago de la seguridad social, que supondría un nuevo balón de oxígeno al respecto.

¿Qué hay de lo mío?, preguntarán otros consistorios en parecidas coyunturas. El de La Línea, actualmente presidido por Alejandro Sánchez, del Partido Popular, ya ha anunciado que negociará con los sindicatos cualquier alternativa a la penosa situación de la plantilla, inflada exponencialmente por su predecesor, Juan Carlos Juárez, que pasó del GIL al PP hasta que los tribunales, no hace ni cien días, le inhabilitaron para ponerle de patitas en la calle. Los portavoces municipales de La Línea ya hablan de ERTE para 2010 como «la salida más airosa» para este entuerto. Las arcas consistoriales asumen un coste anual de 1,9 millones de euros por las nóminas, cuyos retrasos en el pago han provocado protestas de los trabajadores: la última de ellas se saldó con una brutal represión policial a las puertas de la Verja. Esa condición de frontera es la eterna carta bajo la manga que lleva esgrimiendo La Línea desde los años 60 del pasado siglo. Ahora, el nuevo-viejo equipo de gobierno ya se ha reunido con todos los grupos de la Corporación -PSOE, IU y el localista UPL-, para reclamar al Gobierno estatal una Carta Económica Especial por su vecindad con Gibraltar. El PP, ni corto ni perezoso, presentará una propuesta en tal sentido ante el Congreso de los Diputados, a pesar de que ninguno de los gobiernos de José María Aznar adoptara en su día tal medida.

Otro Ayuntamiento gaditano por las vías del ERTE es el de Barbate, que ya ha evacuado consultas oficiosas sobre la posibilidad de un ERTE. El alcalde socialista Rafael Quirós no ha podido beneficiarse ni siquiera del Plan E, dado que el consistorio debe a la Seguridad Social casi 30 millones de euros. Más allá de los ERES o de los ERTES hay ayuntamientos -no necesariamente estos- que merecerían su intervención por parte de la Junta de Andalucía. A empezar desde cero.