Confianza en entredicho

E l intento de distintos miembros del Gobierno y del fiscal general del Estado de suavizar el alcance de la denuncia formulada por este último sobre la supuesta falta de colaboración de la Policía no ha bastado para refrenar las consecuencias de una polémica que era perfectamente evitable. Y no sólo porque la sensible tarea que compete a Cándido Conde-Pumpido le impide pronunciarse con la ligereza con que lo hizo, sino también porque la descoordinación objeto de la controversia alude a un problema que, al repercutir sobre los ministerios de Interior y Justicia, interpela a la responsabilidad del Ejecutivo en la correcta gestión de los conflictos que adquieran índole institucional. Una responsabilidad que implica que, si se tiene conocimiento previo de la existencia de una aparente disfunción entre la Policía y la Fiscalía referida, además, a la lucha contra ETA y su entorno, se trate de acotarla y enmendarla, evitando su transformación en motivo de debate público. El Gobierno no tenía en su mano predecir las temerarias manifestaciones del fiscal general que depende de él, pero sí anticiparse ante una muestra de discrepancia tan poco edificante. Y cuyas consecuencias han sembrado una insidiosa sospecha sobre el imprescindible engranaje de todos los instrumentos del Estado de Derecho contra el delito, sin olvidar el hecho excepcional que supone que los sindicatos policiales hayan decidido querellarse contra el máximo responsable del Ministerio Público por injurias y calumnias. La vicepresidenta de La Vega subrayó ayer el «esfuerzo, eficacia y abnegación» de las FSE en la lucha contra el terrorismo. Tan explícita defensa no sólo puede llevar a pensar que, efectivamente, el desencuentro censurado por Conde-Pumpido habría estado en condiciones de propiciar efectos más graves que los que se deducen de las tentativas posteriores de rebajar su relevancia. El hecho de que ese aval a la labor policial no se viera acompañado de un gesto de similar compromiso hacia la figura del fiscal general tiende también una sombra de desconfianza sobre la labor de este último que contribuye a amplificar el eco de la discrepancia. Y a extender con ello las dudas sobre la coordinación en el ámbito de las instituciones que el Gobierno está obligado a despejar con explicaciones, y actuaciones si lo cree preciso, más diáfanas que las protagonizadas hasta ahora.