La explotación de la Torre de Poniente acaba en los juzgados

El obispo de Cádiz, Antonio Ceballos Atienza, podría comparecer como testigo en un juicio que se celebrará el próximo 12 de mayo. Lo curioso del caso es que el prelado está llamado como testigo por una empresa demandada por el Cabildo Catedralicio.

El caso arranca el 4 de julio de 2003, cuando la empresa Monumentos Alavista firma un convenio con el Cabildo para explotar turísticamente la Torre del Poniente, anexa a la Catedral. El convenio tenía una vigencia de tres años. «Transcurrido ese tiempo podía ser prorrogado por otro plazo o indefinidamente; si ninguna de las dos partes planteara la revisión se entendería como prorrogado indefinidamente», sostiene la empresa en una nota enviada ayer a los medios de comunicación.

Para el abogado del Cabildo, Miguel Segado, esta indefinición no es tal y el contrato expira el próximo mes de julio, que es cuando se cumple el plazo de otros tres años a partir de julio de 2006.

La empresa, cuyo gerente es Germán Garbarino de la Rosa, asegura que las autoridades eclesiásticas no trataron de revisar el contrato ni durante 2006 ni durante 2007. Entonces, «por sorpresa, con grandes prisas e incluso con engaños, el 2 de julio de 2007 el ecónomo del Cabildo, José Vizo, solicitó la presencia de Garbarino en su despacho y le pidió la firma de un nuevo convenio, el cual recogía grandes variantes respecto al vi-gente y le exigía firmar una anulación del acuerdo de 2003», narran desde Monumentos Alavista.

Aquella reunión no terminó con buen pie y a partir de ahí surgieron los desencuentros. La empresa denuncia que se desencadenó entonces una serie de capítulos «de mal gusto y poca cortesía por parte del deán de la Catedral, Enrique Arroyo, y del ecónomo».

El abogado del Cabildo niega estas afirmaciones y asegura que responden a las «ganas que tiene el señor Garbarino de llamar la atención». Las acusaciones de Garbarino son graves y las narraciones de esos «capítulos de mal gusto» hacen referencia a una llamada del vicario general de la Diócesis, Guillermo Domínguez Leonsegui, «para amenazar a Garbarino con quitarle la concesión del yacimiento arqueológico Casa del Obispo», que también gestiona Monumentos Alavista.

Agrega que el vicario se presentó en el yacimiento y, tras una discusión, llamó a la Policía Nacional para que se marchara. Según dice el demandado, la razón del enfado de Domínguez Leonsegui fue que no quería que Monumentos Alavista llamara a declarar al obispo como testigo.

En este primer juicio del 12 de mayo (hay una segunda demanda) se verá la reclamación del Cabildo contra la empresa por la recaudación del año 2007. El Cabildo le reclama 50.000 euros y en la segunda demanda otros 104.000 correspondientes a los ejercicios de 2004, 2005 y 2006.

Según relata Germán Garbarino, el acuerdo firmado con el Cabildo estipulaba que los beneficios resultantes de la explotación se distribuirían así: 45% para el Cabildo; 45% para la empresa y 10% para el Fondo Diocesano de Solidaridad. La entidad asegura que de ese ejercicio de 2007 se consignaron en el Juzgado las siguientes cantidades: 35.379 euros en concepto del 45% que debía cobrar el Cabildo. El letrado de la Iglesia asegura que todo esto es un «problema de honradez» y «de que Garbarino se cree dueño de los monumentos de Cádiz».

Dice no estar de acuerdo con esos números. «A partir de esos desencuentros, empezamos a revisar las cuentas y vimos que ha estado haciendo las cosas a su antojo en estos años». En cualquier caso, afirma la voluntad de su cliente de rescindir el contrato el próximo 4 de julio. «Pero si no se va, no haremos numeritos; el día 5 iremos a los juzgados y saldrá en octubre, noviembre o diciembre; en cualquier caso, Monumentos Alavista no estará allí para el año 2012».

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