La Fiscalía pide penas de hasta 3,4 años de cárcel por construir dos viviendas ilegales en Chiclana

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz pide hasta tres años y cuatro meses de prisión para dos vecinos de Chiclana de la Frontera que se construyeron dos viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable en el Pago Melilla a pesar de que la Gerencia de Urbanismo le paralizó las obras, además de pedir también un año y seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial para un arquitecto técnico.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 13 de abril de 2004, cuando la Gerencia de Urbanismo de Chiclana visitó la finca situada en el Pago Melilla, en terreno clasificado como no urbanizable, propiedad de M.M.B. y D.G.T. y comprobó que se estaba construyendo una vivienda unifamiliar aislada de unos 100 metros cuadrados sin la preceptiva licencia municipal, por lo que ordenó parar las obras.

Posteriormente, en febrero de 2005, agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Area de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, comprobaron que en la citada finca existían dos viviendas unifamiliares de nueva construcción separadas entre sí por una valla metálica, completamente terminadas y habitadas, pertenecientes cada una de ellas a los acusados, habiendo sido los mismos los promotores y constructores de dichas viviendas.

Según la Fiscalía, posteriormente, con fecha 26 de diciembre de 2003, los acusados, por escritura de declaración de obra nueva y división vertical ante notario, hacen constar que en el año 1995 construyeron una casa destinada a vivienda, convenientemente distribuida en varias dependencias y servicios, con superficie total construido de 190 metros cuadrados, lo cual "no se corresponde con la realidad".

Para ello, utilizaron un certificado expedido por el arquitecto técnico F.C.T.S., para quien la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial. Por su parte, tanto para M.M.B. como para D.G.T. la Fiscalía pide un total de tres años y cuatro meses (1,2 años por un delito de ordenación contra el territorio, 1,6 años por falsedad en documento oficial y ocho meses por desobediencia a la Autoridad).

Se da las circunstancia que el arquitecto técnico F.C.T.S. también está implicado como acusado en otro delito de falsedad de documento oficial en una trama en la que se acabó vendiendo un total de tres casas ilegales, también en Chiclana, y por el que la Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión.

DELITO DE FALSEDAD

Por otra parte, la Fiscalía destacó que la falsificación o "elaboración mendaz" por parte de arquitectos o arquitectos técnicos de certificados de antigüedad de edificaciones debe de ser castigada como delito de falsedad en documento oficial, ya que en estos casos, "lamentablemente muy extendidos según están revelando las investigaciones en curso", no se trata de "meros certificados, sino que en dichos documentos se recoge una valoración pericial por parte del técnico".

Igualmente, indicó que el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, en lo que se refiere a las obras nuevas, atribuye a los documentos de inspección técnico-facultativa de arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos industriales, que son visados por sus respectivos colegios oficiales profesionales, el carácter de documento complementario del título inscribible y señala que la firma de éstos debe ser objeto de legitimación notarial.

Según indicó la Fiscalía, "todo ello les confiere carácter oficial, lo que implica que las penas no serán meramente de multa sino de prisión de seis meses a tres años, además de la de multa".