La alcaldesa de Rota se sentará en el banquillo de la Audiencia el 9 de marzo

La alcaldesa de Rota,Eva Corrales (PP), su mano derecha en el Gobierno local y antecesor en la Alcaldía, Lorenzo Sánchez (RRUU), y otras siete personas másse sentarán en el banquillo de los acusados por el 'caso horas extras'el próximo 9 de marzo.

Las partes han conocido este viernes el señalamiento fijado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. Una fecha que ha sorprendido a las fuentes consultadas por este periódico por la celeridad con la que se ha producido. Pocos esperaban que el juicio tuviera lugar antes de las elecciones municipales previstas para el 24 de mayo.

El pasado 26 de diciembre, el tribunal que juzgará a la regidora popular dictaba un auto desestimando el recurso de la defensa que intentaba impedir, sin éxito, anular la decisión de la jueza instructora del nº 2 de Rota de mantener la acusación contra Corrales.

En poco más de un mes, la Audiencia ha fijado ya fecha para la vista oral y ésta tendrá lugar en un horizonte no más lejos de 30 días.

Con este calendario, la candidata popular a revalidar victoria en Rota (confirmada por la dirección del partido pese a sus problemas judiciales) se sentará en el banquillo en plena campaña electoral. Y si se mantienen estos tiempos tan ágiles, conocerá la sentencia antes de que llegue la cita con las urnas.

Además, en los próximos días se espera que la jueza del nº 2 de Rota comunique el auto de procesamiento que cierra la instrucción del 'caso uniformes' en el que están imputadas más de 20 personas, entre ellas los alcaldes de Rota y Chipiona (Antonio Peña, PP) y el exregidor roteño, Lorenzo Sánchez. Lo que supondrá otra complicación más para la campaña electoral del Partido Popular.

Se juega cuatro años de cárcel

En este asunto, la alcaldesa de Rota se enfrenta a una petición de cárcel formulada por la Fiscalía Anticorrupción de cuatro años y ocho meses de cárcel, más quince de inhabilitación especial por delitos de prevaricación y falsedad documental; mientras que para Lorenzo Sánchez, el fiscal solicita que sea inhabilitado durante ocho años por prevaricación.

Los otros siete procesados son cuatro empleados municipales, la esposa de uno de ellos, el exedil popular Ismael Puyana y el interventor del Consistorio. Para todos ellos, el fiscal también solicita distintas penas de prisión.

El 'caso horas extras' se destapó a raíz de una denuncia de IU. Algunos funcionarios se quejaban del volumen excesivamente elevado que cobraba un compañero del área de Tributación en concepto de gratificaciones extraordinarias y ponían en duda que las hubiera efectuado.

En un mes llegó a cobrar 3.392 euros sólo en gratificaciones. Supuestamente tenía que haber realizado 349 horas extras en 30 días o lo que es lo mismo, 19 horas y media todos los días, incluyendo los fines de semana.

La investigación posterior descubrió que esas horas extras servían para encubrir el pago de unos trabajos que se habían adjudicado de manera irregular. Este funcionario recibió desde 2004 a 2010 sucesivos encargos para la confección de bandas de Carnaval, dalmáticas para maceros y colgaduras de balcones. En total se embolsó 50.000 euros extras a su nómina ordinaria como trabajador del Consistorio.

Dada su condición de empleado público tiene prohibido por ley ser beneficiario de contratos con la Administración; de ahí que el Ayuntamiento enmascarara supuestamente esas adjudicaciones. Ése es el núcleo de la acusación que defenderá en el juicio el fiscal anticorrupción.