Más de 20 imputados en Cádiz a seis meses de las elecciones

Más de una veintena de miembros de corporaciones locales de la provincia están en estos momentos en una situación complicada judicial y políticamente. Se encuentran imputados a seis meses de las próximas elecciones municipales. Desde las direcciones nacionales y regionales de los dos principales partidos (PP y PSOE), que acumulan el mayo número de imputados en sus filas, se lanzan mensajes a favor de la limpieza y la ejemplaridad en los integrantes que compongan las candidaturas en los próximos comicios.

Sin embargo, no es la primera vez que las formaciones políticas hablan de códigos éticos, que luego no se llevan a la práctica. Como tampoco es inusual que se exija al oponente político lo que no se cumple en el propio partido.

Por no acudir a un ejemplo lejano, el PP de Málaga le acaba de retirar su apoyo al alcalde de Alhaurín el Grande que ha regresado al cargo tras cumplir un año de inhabilitación por pedir una comisión a cambio de otorgar una licencia urbanística.

El caso de Juan Martín Serón puso al presidente regional del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla en una situación comprometida, de la que salió afirmando que no daría margen de maniobra a los corruptos. Desde el PSOE presionaron para que aplicara las medidas anticorrupción que había propuesto pactar con la presidenta de la Junta Susana Díaz.

Curiosamente ese mismo caso se vivió en vísperas de las elecciones municipales de 2011 en la provincia de Cádiz. En el municipio de Bornos, el PSOE situó al frente de la candidatura bornense a Juan Sevillano, quien había cumplido una pena de seis años de inhabilitación por prevaricación. La condena no fue óbice para que la dirección del partido socialista en la provincia, por entonces en manos de Francisco González Cabaña, volviera a contar con Sevillano.

La decisión política fue refrendada por los votantes, ya que el alcalde, que había sido apartado por la Justicia, ganaba en las urnas.

En estos momentos, la corporación municipal de Bornos se queda fuera del mapa de ayuntamientos gaditanos salpicados por las imputaciones y que pueden suponer un quebradero de cabeza en las direcciones de los partidos, si no quieren incluirlos en las próximas candidaturas. Si bien, ya hay algunos imputados, que tanto PSOE como PP, han confirmado como candidatos. Sin embargo en otros casos, aspirantes o cargos orgánicos del partido han sido relegados o empujados a la renuncia por esta implicados en una investigación judicial. Estas contradicciones evidencian que no es tanto la situación judicial como las razones de partido las que pesan a la hora de apartar o no a los políticos investigados por la Justicia.

En este listado compuesto por concejales y alcaldes que siguen en sus puestos, pese a ser el objetivo de investigaciones judiciales, hay dos ayuntamientos que destacan por el número de ediles que han tenido que pasar por los juzgados a dar explicaciones: Rota y Jimena.

Rota, con el apoyo de la dirección

La localidad de la costa noroeste tiene un Gobierno local conformado por una coalición que lleva dos décadas de convivencia política (PP y Roteños Unidos). Cuatro son las causas judiciales que, en distintas fases, cercan al Consistorio que tiene en estos momentos a cinco de sus ediles imputados, entre ellos a la alcaldesa, Eva Corrales y a su mano derecha y predecesor en el cargo, Lorenzo Sánchez. El hilo conductor de la mayoría de estas investigaciones son los negocios privados del exalcalde y cómo se beneficiaron sus empresas de contratos públicos con el Ayuntamiento.

En seis meses que faltan para las elecciones parece poco probable que esta situación cambie para la regidora popular, que tiene encima de la mesa tres imputaciones, una denuncia y la petición de apertura de juicio oral por parte de la jueza que instruye un supuesto trato de favor a un empleado municipal.

La dirección del PP provincial, con su presidente Antonio Sanz a la cabeza, no ha dudado en apoyarla en reiteradas ocasiones. Y hace escasas semanas, el partido confirmaba que Corrales iba a ser su opción para revalidar victoria en Rota.

Tampoco ha sido obstáculo la imputación y una segunda denuncia para que los populares hayan elegido a Antonio Peña como líder de su candidatura a gobernar nuevamente el Ayuntamiento de Chipiona.

Peña está imputado por su etapa como concejal en la vecina Rota en el ‘caso uniformes’ y recientemente ha sido denunciado por supuestas contrataciones irregulares de trabajadores en una sociedad municipal que preside.

En una reciente comparecencia en la que se defendía de la denuncia de Anticorrupción, Peña anunciaba que si era imputado en ese segundo caso, renunciaría a presentarse a las elecciones, dejando en el aire si tomaría esa decisión de continuar bajo esa condición procesal en el asunto de los uniformes de Rota, donde lleva meses bajo sospecha. Se encuentra implicado al mismo nivel que el resto de miembros de la Corporación que durante la última etapa de Gobierno de Lorenzo Sánchez votaron a favor de adjudicar contratos municipales a empresas vinculadas con el entonces regidor roteño.

Jimena y su festival

En Jimena, cuatro concejales socialistas, entre los que se encuentra el exalcalde Pascual Luis Collado, están imputados por un presunto delito de prevaricación relacionado con los pagos a la empresa organizadora del Festival de Música de esa localidad. Además de ellos hay otro exedil socialista que no forma parte de la actual Corporación.

Collado defendió en su declaración ante el juez que los pagos a la empresa estaban avalados por la Diputación. El PP, que promovió esta denuncia al hacerse con la Alcaldía, asegura que se eligió esa empresa a dedo y que no había facturas que acreditaran los más de 300.000 euros abonados a la sociedad.

El PSOE ha confirmado hasta ahora los candidatos de municipios con más de 20.000 habitantes. En Jimena no hay una designación definitiva, pero parece poco probable que se postule alguien distinto al exalcalde y coordinador de la agrupación local.

En Barbate, con varios frentes

De los candidatos que sí están confirmados, la dirección socialista ha incluido a Rafael Quirós para que compita por la reelección en Barbate. Actualmente está investigado en varios asuntos y ya ha sido citado a declarar como imputado.

El año pasado se conocía la denuncia de un grupo de técnicos contra la adjudicación que había hecho el Ayuntamiento a una empresa privada del servicio municipal de gestión de viviendas declaradas en régimen asimilado fuera de ordenación. Un servicio que está destinado a la atención de propietarios de viviendas ilegales que gracias a la anterior reforma de la LOUA podrían acogerse a una regularización.

La Fiscalía, además, investiga la denuncia planteada por el PP al detectar irregularidades contables en la empresa municipal Innobar. Este asunto podría acabar en otro frente judicial abierto, que afectaría a un candidato para las próximas elecciones, ya confirmado.

La cara y la cruz

Si en Barbate, la condición de investigado por la Justicia no ha supuesto inconveniente para que vuelva a presentarse Rafael Quirós; ayer mismo se conocía la renuncia por este mismo motivo, una imputación judicial, de otro exalcalde socialista, con acta de concejal del Ayuntamiento de Algeciras y también diputado provincial. Diego Sánchez Rull anunciaba la renuncia de todos sus cargos tras confirmarse que ha sido imputado por la jueza Mercedes Alaya en el ‘caso Enredadera’.

En su comparecencia ante los medios, además de defender su inocencia, asegura que autorizó la adjudicación de un centro deportivo a Fitonovo porque los técnicos municipales no pusieron reparos. Fitonovo presuntamente tejió una red corrupta en ayuntamientos y diputaciones para conseguir contratos públicos, Su gerente, Pablo Pérez, reconoció en sede judicial haber pagado una mordida de unos 250.000 euros en Algeciras. Sánchez Rull renuncia, según sus palabras, para no hacer daño a su familia y «también por el código ético de su partido» que él también firmó. El ya exedil socialista no iba a ser el candidato del PSOE para las próximas elecciones.

PA y IU

Otros dos partidos con menos peso político en el mapa de corporaciones locales de la provincia, PA e IU, también han contado o cuentan con ediles imputados.

El Ayuntamiento de Puerto Serrano es uno de los fortines del partido de izquierdas desde hace años. En menos de un año, tres alcaldes se han sucedido al frente de la Alcaldía por problemas con la Justicia. El primero Pedro Ruiz tuvo que abandonar su cargo tras ser inhabilitado por la concesión de una licencia urbanística. No dejó el bastón de mando hasta que llegó la sentencia firme y permaneció en su puesto durante los dos años que duró el procedimiento.

En ese tiempo, se abrió una segunda investigación por contrataciones irregulares en el Consistorio, que terminó salpicando también a su sucesor, Francisco Gómez. Éste asumió el cargo, estando ya imputado y lo abandonó a los pocos meses cuando se confirmaba que el fiscal Anticorrupción pedía su inhabilitación. Había concluido la instrucción de ese asunto sobre enchufismo y de una segunda causa sobre compras que hizo el Ayuntamiento en los negocios de la esposa del exregidor Pedro Ruiz y de otro concejal de IU.

En la dirección de IU no quisieron reconocer entonces que los problemas judiciales habían provocado la salida de su último alcalde de Puerto Serrano. A día de hoy y tras este relevo, no se han vuelto a conocer procesos judiciales que salpiquen a ediles o alcaldes de este partido.

En el PA, su alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, se ha visto envuelta en una denuncia por adjudicar a dedo el reciclaje de aceites usados a una empresa, que a su vez está siendo denunciada en otros municipios por el mismo motivo.

Tras declarar ante la jueza, Peinado afirmaba a los periodistas que no todas las imputaciones son iguales. Previsiblemente se volverá a presentar a la reelección.

El listado de más de 20 ediles investigados por la Justicia en estos momentos está en constante cambio por la evolución de los procedimientos judiciales y la admisión de nuevas denuncias por parte de los tribunales. A los que ya están confirmados como imputados, le sigue un grupo de concejales y alcaldes que podrían estarlo en fechas próximas. Es el caso de las dos ediles del Ayuntamiento de Cádiz (PP), Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, por haber influido supuestamente en la adjudicación de unas viviendas sociales; o la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), quien está siendo investigada por el juez Ruz dentro del ‘caso Gürtel’.