Andalucía pide que los delitos sexuales a menores no prescriban cuando la víctima cumpla 18 sino 30

La violencia que están sufriendo los menores en las últimas semanas, sobre todo en la relacionada con delitos sexuales, ha llevado a los partidos del arco parlamentario de Andalucía a plantear unas líneas conjuntas de trabajo para tratar de frenar estas prácticas aberrantes.

A través de una declaración institucional, la Cámara andaluza pide que el Gobierno andaluz promueva los cambios legislativos para que la prescripción por delitos de abusos sexuales contra la infancia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 como ocurre hasta ahora.

Asimismo, los grupos parlamentarios se comprometen a colaborar para promover en el marco del trabajo parlamentario «todas las acciones necesarias para la protección de la infancia ante todo tipo de violencia en Andalucía».

Y, entre ellas, va a estar la formación específica y obligatoria para todos los profesionales que trabajen con menores «para que sean capaces de prevenir y detectar cualquier tipo de violencia», además de formación obligatoria en la educación básica sobre educación afectivo-sexual que permita a los niños reconocer cuándo están siendo víctimas de abusos sexuales y desarrollar su sexualidad de forma segura y responsable.

Asimismo, el Parlamento pide que la Junta declare en el marco de la futura Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía en situación de riesgo a los menores de 14 años que cometan infracciones contra otros niños, «para que reciban la formación y atención necesaria para evitar que vuelvan a cometer o en su caso sufrir otra agresión».

«Alertados y consternados ante los graves casos de violencia sufrida por la infancia y convencidos de que la violencia contra la infancia nunca es justificable en ninguna de sus formas debido la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, así como sus efectos negativos para su desarrollo, los grupos parlamentarios andaluces somos conscientes de que las administraciones públicas son las responsables de impulsar acciones que permitan diseñar estrategias que nos conduzcan a eliminar todas las formas de violencia contra la infancia a través de acciones enfocadas a la concienciación de la sociedad, la prevención de la violencia, la protección de la infancia víctima de violencia y la puesta en marcha de acciones restaurativas».