Lara, el «azote» de la Junta, reelegido decano de los abogados malagueños

Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, fue reelegido este lunes en el cargo en un acto en el que abogó por la utilización de los nuevos recursos tecnológicos para acercar la conciliación familiar y renovó su compromiso en la defensa de la dignidad de los letrados.

Lara revalidó mandato después de que ningún otro aspirante presentara candidatura, circunstancia que ha tomado como «una muestra de orgullo, cariño y respaldo, pero también nos llena de responsabilidad».

La nueva Junta de Gobierno está compuesta por 16 miembros y, por primera vez en la historia de este órgano colegial, la lista es paritaria y una mujer, Inmaculada Atencia, ocupa el puesto de vicedecana.

La defensa de la dignidad de los letrados y la protección de los derechos de los ciudadanos seguirán siendo el eje central de las actuaciones de la corporación, que en los últimos años ha destacado por su labor para atender con especial énfasis a los más necesitados, según señaló en un comunicado.

Fruto de este objetivo, se han firmado acuerdos para atender a personas con necesidades especiales: familias en riesgo de perder sus viviendas; víctimas de delitos de malos tratos, de agresiones sexuales y mujeres obligadas a ejercer la prostitución, y se trabaja para asistir a colectivos sensibles como discapacitados, menores y personas mayores.

El decano afirmó que el Colegio garantizará el amparo, el respaldo y la protección a todos sus abogados sin hacer ningún tipo de distinción y apuntó que el diálogo con otros operadores jurídicos es la mejor vía para alcanzar el objetivo común: la mejora en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Lara ha sido una figura beligerante en la defensa de los intereses de los letrados y no ha rehuido las contiendas frente a una institución «intocable» como la judicatura y no ha dudado en alzar la voz para alertar de los impagos de la Junta de Andalucía por el Turno de Oficio.

Su «enganchón» más sonado con los jueces fue cuando hizo público un estudio con el que quería demostrar los magistrados no fijaban juicios los días próximos a los fines de semana o en determinadas fechas festivas o vacacionales, y por consiguiente ralentizaban los procesos, algo que fue desmentido por el juez decano de Málaga, José María Páez.

El informe analizaba los señalamientos de 2014 y arrojaba unas polémicas conclusiones. «Pese a que los viernes son días hábiles, sólo una minoría de los juzgados fijan vistas», recogía, antes de agregar que la media de las sedes judiciales que lo hacen este día «se sitúa en torno a los seis o siete». «Mientras que un martes, miércoles o jueves supera los 40», por lo que puede haber quien piense que los jueces liberen su agenda a final y principio de semana para prolongar sus días de descanso.

El documento extrapolaba esta lectura al periodo vacacional al reflejar que «muchos juzgados dejan de celebrar juicio en torno al 15 o 16 de julio y no reanudan los señalamientos hasta el 14 de septiembre». Esta presunta disminución de la actividad también se repetía conforme se aproximan periodos la Semana Blanca o la Semana Santa.

La polémica fue tal, que La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, abrió una investigación de oficio para indagar en la denuncia.

Las «guerras» de Lara y los dirigentes de la Junta de Andalucía por los recortes e impagos al Turno de Oficio también son recurrentes. El decano manifestó sobre este asunto que el Colegio de Abogados seguirá trabajando en la defensa de la dignidad de este servicio, con la exigencia de que aumenten los baremos de pago, que actualmente son «indignos e injustos», especialmente si se tienen en cuenta las cantidades que se abonan en otros territorios de España.

El pasado mes de mayo ya alertó de que el Ejecutivo andaluz pretendía reducir un 55 por ciento las retribuciones para este servicio de justicia gratuita, algo que definió como «lamentable e intolerante».

Adjetivos similares ha empleado cada vez que el Gobierno regional se ha retrasado a la hora de abonar las cantidades acordadas.

Durante el acto de nombramiento, en el que estuvo acompañado por los otros 15 miembros de la Junta de Gobierno y por el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, Francisco Javier Lara realizó un alegato en defensa de la labor de la abogacía: «No resulta concebible un Estado de Derecho sin justicia. Ni justicia sin abogados. Por lo tanto, sin abogados no hay justicia, ni hay Estado de Derecho ni podemos hablar de un sistema democrático».

El decano indicó que la nueva Junta de Gobierno estará pendiente de una posible reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, ante las cuales los abogados deben estar «unidos y firmes» en la defensa de sus intereses. Así, insistió en la necesidad de que la abogacía se convierta en un lobby capaz de generar presión y opinión.

«La consolidación y potenciación de herramientas de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje, los problemas a los que se enfrentan los abogados jóvenes y los seniors y continuar con una línea de austeridad y racionalización del gasto son otras de las líneas fundamentales de trabajo de la nueva Junta de Gobierno», señaló.