El alcalde de Granada declara en sede judicial por los contratos para controlar cursos de formación

El alcalde de Granada ha acudido esta tarde –en torno a la 1– a declarar en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El juez José Ignacio Vilaplana había citado al socialista Francisco Cuenca en calidad de investigado por la presunta adjudicación «ilícita, injusta y arbitraria» a empresas que debían controlar los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en los años 2010 y 2011.

El entonces delegado de Economía de la Junta ha defendido ante los periodistas a su llegada a los juzgados que actuó «siempre con total transparencia», por lo que no tiene «nada que esconder». Si bien no ha desmentido los hechos por lo que está siendo investigado, Cuenca ha esgrimido que no se trata de un caso de corrupción: «No se está cuestionando el buen uso del dinero público ni que se haya perdido dinero ni que nadie haya metido la mano».

Serían, según él, «cuestiones meramente administrativas», por lo que se desentiende de su presunta responsabilidad penal.

En concreto, el juez está investigando a Cuenca por la adjudicación directa de los servicios de seguimiento, control y verificación de cursos de formación a dos empresas mediante un instrumento llamado «Memoria Justificativa», con forma de contrato menor de servicios. Según sostiene el juez en su auto, «no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva». Las empresas adjudicatarias percibieron unos 12.000 euros cada una.

La investigación judicial parte de una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que entiende que las empresas adjudicatarias usurparon las competencias atribuidas por ley al funcionariado, tal y como sostiene el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las adjudicatarias –Eca Grupo Bureau Veritas (2010) y CRL Consultores y Asesores Asociados (2011)– firmaban como «El Inspector» y utilizaban folios oficiales en los que aparecía el logotipo de la Junta de Andalucía.

Investigación en todas las provincias

Cuenca no ha sido el único llamado a declarar por el juez Vilaplana. Otra veintena de ex altos cargos están siendo investigados por su etapa en las delegaciones de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Huelva y Almería, es decir, de todas las provincias andaluzas.

Algunos de los que tendrán que declarar por estos asuntos son la exjefa de servicio de Economía Social de la Delegación Provincial de Málaga Marta González del Valle; la ex secretaria general de la Delegación de Málaga Isabel Gálvez, y el exjefe de servicio de Economía Social de la Delegación de Jaén Miguel Ballesta. Asimismo, el juez ha citado a los que fueran jefes de servicio de Economía Social en las delegaciones de Sevilla, Carmen Béjar; Huelva, Luis Felipe Solana, y Córdoba, Damián Cánovas, así como a los ex secretarios generales de la Delegación de Cádiz Julio César Fernández y Rafaela María Repullo y a la exdelegada del ramo en Cádiz Angelina María Ortiz.