Los trabajadores del Provincial serán readmitidos y volverán a ser despedidos

El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, ha confirmado este viernes que ejecutará la sentencia del Juzgado de lo Social de Toledo y readmitirá a los 22 trabajadores despedidos del Hospital Provincial, aunque advirtió que contemplará la posibilidad de plantear un nuevo despido.

Cumplirá así la resolución judicial (serán dados de alta y se les abonará su salario) a pesar de no estar de acuerdo con la misma y ha anunciado que tomará todas las medidas disponibles «para preservar los intereses de la institución y de los ciudadanos de la provincia». Por este motivo, la Diputación de Toledo va a presentar un recurso de reposición contra el auto que no ha aceptado el incidente de ejecución planteado por la institución y si es necesario presentará un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha e incluso después otro recurso de casasación al Tribunal Supremo.

«No excluimos el planteamiento de un conflicto por exceso de jurisdicción entre la Magistratura y la Diputación», ha añadido el presidente.

García-Tizón ha explicado que no puede reponer en su puesto a los 22 trabajadores del Hospital Provincial que fueron despedidos en el verano de 2012 porque ya no existen esos puestos, al haberse traspasado el centro hospitalario al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

También ha aclarado que esos trabajadores se seleccionaron a dedo, sin convocatoria pública aguna y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. «Más del 70 por ciento de estos empleados eran personas con una conocida y desmotrable relación con el PSOE, que entonces gobernaba la Diputación, hijos, hermanos o cuñados de responsables socialistas o alcaldes o concejales de ese partido». Unos contratos, ha añadido el presidente de la Diputación, que se convirtieron en fijos el 18 de mayo de 2011, pocos días antes de las elecciones municipales.

Según el Consejo Consultivo, la transformación de esos contratos temporales o de acumulación de tarea a contratos indefinidos era «nula de pleno derecho», pero aún así, ha señalado Tizón, la Diputación «optó por acogerse a un proceso de despido objetivo para que los trabajadores pudieran cobrar una indemnización».

García-Tizón denunció que en las resoluciones judiciales «hay un tufillo de uso alternativo de Derecho» y ha reiterado que no está conforme con ellas. «Discrepo profundamente. Yo no me equivoqué, entiendo que no nos equivocamos, hicimos lo que era correcto y que la legislación lo permitía» y ha añadido: «si al final la Justicia dice que no tenía razón, pues diré: no tengo razón, pero yo sigo pensando que el que estaba acertado soy yo, y la Justicia no», ha concluído.