La Diputación quiere llenar la residencia y el centro de «San José»

La Diputación de Toledo pretende que se ocupen cuanto antes las plazas vacantes de la Residencia Social Asistida (RSA) y el Centro de Día de Alzhéimer «San José». En el caso de la residencia, son casi 200 los puestos que quedan libres, a los que hay que añadir otras 21 vacantes correspondientes al centro de día. La intención, según informa la Diputación en nota de prensa, es «alcanzar la total ocupación», que en la actualidad se sitúa tan solo en un 55%. De este modo se podrá conseguir el objetivo de rentabilizar las plazas y a la vez ofrecer un servicio asistencial y social a las familias de la provincia que lo precisen.

Ayer visitó las instalaciones el vicepresidente provincial, Tomás Villarrubia, que también ejerce como diputado en el Área de Salud y Bienestar Social.

Villarrubia estuvo acompañado del personal directivo de la RSA y del centro de día de alzhéimer, que le mostraron el estado de los servicios que se prestan.

Allí analizó las distintas posibilidades futuras de las tres áreas de atención de las que se ocupa la residencia (área sanitaria, de rehabilitación y psicosocial). El vicepresidente de la Diputación anunció también a los trabajadores del centro que ha enviado una carta a los Asistentes Sociales de la provincia, en la que informa de que desde ahora vuelve a ser posible solicitar los ingresos en los dos centros que conforman «San José».

7 nuevas incorporaciones

Esta semana entrarán siete pacientes (tres en el centro de día y cuatro en la residencia). El primero de ellos ya lo hizo el pasado lunes, y se espera que los demás hagan lo propio a lo largo de la semana.

Estos ingresos son los primeros que se producen desde 2012. En ese año, el anterior equipo de Gobierno cerró las listas de espera, en las que había más de cien pacientes pendientes de admisión.

El vicepresidente de la Diputación comunicó su respaldo a la decisión del presidente, Álvaro Gutiérrez, de paralizar los servicios que se prestan en el centro de día. Durante la legislatura anterior, el Gobierno firmó un acuerdo que aprobaba su extinción. No obstante, la resolución no llegó a ejecutarse porque la oposición socialista presentó una denuncia que el Juzgado admitió a trámite. En consecuencia, dictó la suspensión cautelar del acuerdo.

El equipo actual de la Diputación ha anunciado en reiteradas ocasiones que va a revocar el acuerdo en cuestión de forma definitiva. De esta manera, las actuaciones que pudieran derivarse de él quedan paralizadas.

Para ello hay que esperar a la celebración de un Pleno, que será el primero de la presente legislatura.