El edificio que no quería ser demolido

La demolición de un edificio mediante una explosión controlada suele congrega a cientos de personas dispuestos a convertirse en testigos de una escena que suele ser espectacular. Plataformas de internet como YouTube están llenas de vídeos que dan buena prueba de ello.

El pasado 26 de diciembre, todo estaba preparado para el derribo de un edificio de diez plantas construido de forma ilegal en Sebastopol, capital de Crimea, la región ucraniana anexionada por Rusia la pasada primavera. El inmueble había sido construido de forma ilegal y la justicia había dictaminado que debía ser demolido. Sin embargo, tal y como muestra un vídeo recogido por el blog «WeirdRussia», nada salió como estaba planeado.

La torre, que debía de haber alcanzado las 16 plantas, había sido diseñada para soportar terremotos fuerte magnitud.

Esta circunstancia que, al parecer, no fue tenida en cuenta por los responsables de la demolición provocó que tras la primera explosión, el edificio solamente registrara una sacudida y quedase inclinado hacia un lado.

Este inusual espectáculo provocó las risas de las decenas de personas que se habían congregado para presenciar el derribo. Sin embargo, tal y como señala el diario británico «The Mirror», algunos residentes de la ciudad se negaban a asumir el fracaso y argumentaban que se había utilizado una cantidad de explosivos inferior a la necesaria para producir menos polvo y escombros y evitar, así, dañar las propiedades colindantes.

Varias horas después, los trabajadores volvieron a dinamitar la construcción, pero contra todo pronóstico y, para su asombro, cuando se disipó la nube de polvo el edificio seguía en pie. Por ello, hubo que esperar hasta el sábado para que finalmente una tercera explosión acabara tumbando esta torre que se negaba a ser demolida.

Según el portal « RT», para dinamitar el edificio fue necesario emplear más de 400 kilogramos de explosivos, mientras que los costes de la operación se dispararon hasta alcanzar los cinco millones de rublos —más de 80.000 euros— que tendrán que ser sufragados por las arcas municipales.