Europa le declara la guerra a las 'big tech': así piensa pararle los pies a empresas como Facebook
La UE quiere obligar a las redes sociales y plataformas de Internet a eliminar contenido ilegal o peligroso. Todavía quedan muchas dudas sobre quién será el encargado de decidir actuar contra aquellas publicaciones que no vayan en contra de la ley pero puedan resultar dañinas para la sociedad
La Unión Europea lleva amenazando con regularizar a las grandes empresas tecnológicas que operan en Estados Unidos desde hace años. Y ahora, en pleno 2022, está avanzando varios planes que, a partir del año que viene, podrían trastocar enormemente la forma de funcionar en suelo comunitario de firmas como Apple, Google o Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp). En apenas unas semanas, la Comisión ha hecho grandes avances para sacar adelante su Ley de Servicios Digitales ( DSA ) y la Ley de Mercados Digitales ( DMA ), que sumadas a otras normativas, como la llegada del cargador único universal, cambiarán de forma notable la forma en la que las grandes tecnológicas operan en el continente.
La que, presumiblemente, se convertirá antes en realidad es la Ley de Mercados Digitales , que, si nada se tuerce, entrará en vigor entre a mediados de 2023. «La DMA entrará en vigor la próxima primavera y nos estamos preparando para su aplicación tan pronto como lleguen las primeras notificaciones», afirmó recientemente la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Gracias a eesta normativa, la UE pretende, por ejemplo, obligar a empresas como Apple a abrir sus dispositivos a la descarga de aplicaciones desde tiendas de terceros. También se puede obligar a empresas como WhatsApp a permitir que el usuario envíe mensajes directamente desde su plataforma a las de otros servicios de mensajería menos empleados, como es el caso de Telegram.
Si se espera que la DMA provoque un terremoto que transforme radicalmente el funcionamiento de las grandes tecnológicas en suelo comunitario, las consucuencias de la Ley de Servicios Digitales promete no quedarse atrás. Después de años de trabajo, se espera que, a partir de 2024, este reglamento obligue a las grandes plataformas a comenzar a responder de forma legal por el contenido que los usuarios vierten en su interior. De este modo, sitios como Facebook, Google o Twitter tendrán que retirar todo aquello que sea considerado ilegal o peligroso. También tendrán, entre otras cosas , que liberar sus algoritmos, para que se pueda ver cómo jerarquizan el contenido. Las multas por incumplimiento del reglamento pueden alcanzar el 6% de la facturación anual.
«Las plataformas deben ser transparentes en cuanto a sus decisiones de moderación de contenidos, impidiendo que la desinformación peligrosa se convierta en viral y evitando que se oferten productos que no son seguros en los mercados en línea. Con el acuerdo de hoy garantizamos que las plataformas sean responsables de los riesgos que sus servicios pueden entrañar para la sociedad y los ciudadanos», apuntó Vestager a este respecto. Sin embargo, ¿quién será el encargado de decidir qué es desinformación?
¿Una amenaza para la libertad de expresión?
Efectivamente, con el nuevo reglamento, cuya redacción se espera que sea presentada en las próximas semanas, las redes sociales y las plataformas de Internet tendrán menos capacidad de decisión a la hora de eliminar o mantener contenidos online. Por el momento, quedan muchas dudas sobre cómo decidirá la Unión Europea qué tipo de contenido es peligroso para el usuario -aunque no sea ilegal- y quién va a ser el encargado de catalogarlo como tal. Samuel Parra, abogado especializado en protección de datos, señala que espera el nombramiento de «una nueva autoridad que será la encargada de decidir en estos casos».
Por su parte, Borja Adsuara, abogado especializado en protección de datos y redes sociales, explica en conversación con este diario que, durante los últimos años, «las redes sociales se han dedicado a moderar contenido que no es ilegal de acuerdo con sus normas internas». Con todo, el experto se muestra «preocupado» por el hecho de que comiencen a ser los gobiernos los que decidan qué publicaciones pueden desinformar o ser perjudiciales para la sociedad.
«Un gobierno podría decir que es desinformación todo aquello que vaya en contra de la versión oficial», explica Adsuara. El jurista, además, hace hincapié en que «la libertad de expresión tiene un límite, que es la ley. Pero no lo que te pueda parecer, simplemente, que es perjudicial o desinformación. En muchos casos eso solo es un punto de vista».
De acuerdo con el abogado, lo ideal, en el caso de la UE, sería conseguir que «entre los jueces, que no pueden estar en el día a día, y las redes sociales, que sí lo están, se cree un organismo independiente formado por profesionales de la información, de la libertad de expresión y demás»: «El objetivo sería que unificasen criterios y que esos sean los mismos para todas las redes sociales de acuerdo a las leyes. Gracias a ello, se irán sentando precedentes. Las plataformas sabrán lo que tienen que eliminar y los usuarios lo que pueden publicar».
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