El régimen de «casi esclavitud» que denuncia la juez de Santiago sobre tres monjas

Una hora. Ese es el tiempo que le dio la juez de Santiago a la superiora de las Madres Mercedarias de la ciudad para que cinco monjas indias abandonaran el sábado el convento de clausura en el que vivían. En el contundente auto la magistrada advierte de que en caso contrario lo pedirá al arzobispo y si tampoco da fruto acordará «la entrada y registro en el convento». La juez tomó esta medida tras la denuncia de una exreligiosa. Aseguró a la Policía que sus compañeras estaban retenidas y que la madre superiora les había retirado sus documentos y amenazado con deportarlas. La denunciante relató una serie de hechos y de condiciones de vida «muy duras» que se califican de «casi esclavitud» en la resolución judicial.

El Juzgado de Instrucción nº1 de Santiago investiga supuestos delitos de detención ilegal, contra la integridad moral, coacciones y amenazas, así como los motivos por los que otras dos monjas indias con permiso de residencia fueron deportadas en 2011, según informó el Tribunal Superior de Justicia gallego. La juez explica que su decisión –comunicada a través del torno– pretende aclarar si alguna de las mujeres del convento «está retenida en contra de su voluntad». De las cinco monjas indias, dos decidieron permanecer en la comunidad mientras que otras tres abandonaron con los policías y la comisión judicial el lugar y han sido trasladadas a una casa de acogida en Madrid.

La investigación, según informa eldiario.es comenzó a las 14.47 horas del 29 de diciembre. La Policía recibió un mail en el buzón trata@policia.es que rezaba «Necesito ayuda». Lo escribió desde su iPhone una mujer española que aportaba su DNI y su móvil, según confirmaron a ABC fuentes del caso. Explicaba que había extranjeras retenidas a la fuerza. A las 15.30 la agente habló con esa mujer y con su empleada interna, en su chalé madrileño de Mirasierra. Es el principio. La denuncia de la joven relata que llegó a nuestro país en el año 2000 con 19 años para ser monja y fue trasladada con otras dos jóvenes a Santiago.

Las reglas al entrar en el convento fueron «no hablar entre ellas, no mirarse a los ojos y hacer todas las tareas domésticas muy duras desde las 6.30 de la mañana». Al ingresar, la superiora se quedó con todas sus pertenencias incluida su documentación; les controlaban las cartas y solo podían hablar dos veces al año con su familia. Trece años después quiso abandonar sus votos. La superiora le dijo que mientras ella viviera no saldría del convento; que no le devolvería su pasaporte y que la deportarían a la India. En 2014 viaja con un permiso porque su madre está enferma y ya, con su tarjeta de residencia en mano, no regresa al convento. En 2015 comienza a trabajar como interna en Madrid y en diciembre su jefa da el paso de denunciar que otras mujeres pueden estar en igual situación.

La exreligiosa, y así lo recoge el auto judicial, contó que otra de sus compañeras que entró en las Mercedarias a los 16 años (ahora tiene 34) le había pedido (tras conseguir hacer una llamada) que la Policía acudiera a la congregación para escapar. Según el relato, las mujeres nunca salían solas e incluso para los trámites de documentación se trasladaban policías al convento. «La no devolución de la documentación aboca a estas mujeres a una situación en el exterior extremadamente difícil, en un país que desconocen, sintiéndose absolutamente carentes de derechos y posibilidades, teniendo en cuenta que algunas llevan más de diez años encerradas», señala la magistrada quien recoge que no se está cuestionando el acatamiento voluntario de la clausura.