«Quieren cerrar los centros de educación especial por pura ideología, están haciendo experimentos con nuestros hijos»
Padres y docentes de niños con discapacidad creen que Educación usa el estado de alarma para aprobar su ley educativa
Alba del Río decidió escolarizar a Javier, su hijo con síndrome de Down, en una escuela infantil ordinaria. Recuerda que eran veinte chicos en el aula y ninguno de sus compañeros lo invitaba a su fiesta de cumpleaños. Con cuatro años entró al centro de educación especial María Corredentora, toda una institución en Madrid en centros para niños con discapacidad, y todo cambió.
Pero Alba no asumió aquel cambio por los duros momentos vividos por su pequeño en el centro ordinario (aceptando, además, que no tenía por qué ser una situación general), sino porque quiso ejercer su derecho a elegir. «Cuando llegó al centro de educación especial todo cambió; Javier empezó a aprender más rápido», cuenta Alba. Además, « los padres tenemos un tiempo limitado y ellos necesitan atención y profesionales que sepan sacarles las máximas capacidades ; y estos profesionales están en los centros de educación especial, donde mi hijo se siente bien rodeado con niños como él, como, en definitiva, nos pasa a todos», sentencia esta madre, que no entiende por qué el Gobierno parece querer eliminar este tipo de centros. Ella lo ve claro: «Lo hacen por pura ideología, no hay un solo criterio técnico detrás, están haciendo experimentos con nuestros hijos», denuncia.
Su queja es la de muchos y no es nueva, pero ayer se convirtió en grito al comprobar cómo el Gobierno intenta aprobar a toda prisa su proyecto de ley educativa, la LOMLOE, más conocido como «Ley Celaá», en el Congreso. En la iniciativa legislativa se incluye un polémico y ambiguo apartado -disposición adicional cuarta-, del que puede desprenderse un intento de cerrar los centros de educación especial. El texto alude a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada»; es decir, alumnos con muy graves discapacidades.
«Nos amordazan»
La plataforma «Educación Inclusiva Sí, Especial También», formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, se unió a las voces que denuncian que el Gobierno está aprovechando el estado de alarma para continuar la tramitación de la «ley Celaá» sin debate ni posibilidad de pronunciarse en contra de ella, aún tratándose de una ley de este calado. «Valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido», señala la plataforma en un comunicado. Relatan, además, que durante las semanas anteriores al estado de alarma le pidieron a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo , la eliminación de la mencionada disposición del proyecto de ley. «Si Sánchez e Iglesias no querían cerrar los colegios de educación especial, como manifestaban públicamente, no tenía ningún sentido dicha disposición. Sin embargo, el texto que se está tramitando la sigue incluyendo».
Por su parte, el ministerio asegura que «siempre ha defendido ambos modelos. Es decir comparte la idea Inclusiva sí, especial también. El Proyecto de Ley así lo recoge». Y remiten a la misma disposición adicional cuarta contestada por padres y docentes de niños con discapacidad.
Tal como publicó ABC el pasado viernes, tras el breve lapso de suspensión parlamentaria, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y UP, fijó en esa misma fecha el límite para la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley educativo. El primer plazo se había fijado el 31 de marzo y fue pospuesto por el cierre del Congreso. Por cortesía parlamentaria, cuando un grupo pide una prórroga al plazo de enmiendas, se suele conceder hasta tres veces. Sin embargo, pese a las peticiones de PP, Cs y Vox, no se accedió a la ampliación (los tres partidos, sin embargo, presentaron sus respectivas enmiendas en el plazo establecido) . También está fijada la fecha tope para presentar enmiendas parciales al articulado: mañana, solo cinco días después del plazo de las enmiendas a la totalidad. Este plazo podría ser ampliado si PSOE y UP acceden a su prórroga.
Por otro lado, no están aseguradas las comparecencias de expertos en la materia. Cuando se trata de leyes de esta envergadura y durante las enmiendas al articulado, suelen comparecer en el Congreso expertos que «ayudan» a los grupos parlamentarios a tomar ideas que pueden plasmar en sus propuestas.
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