La lucha judicial contra el «resort» de lujo de Valdecañas no termina: «Habría que demolerlo»
Los grupos ecologistas demandantes rechazan la propuesta de Fernández Vara para negociar y seguirán adelante con el recurso frente al auto que salva parcialmente el complejo
Tras casi 13 años de un proceso judicial que ha enfrentado medio ambiente y urbanismo, los lugareños y los propietarios del «resort» extremeño de lujo Marina Isla de Valdecañas respiran tranquilos. El complejo se salvará, parcialmente, de la demolición . Se mantendrá lo esencial, las instalaciones que estaban completas: 185 villas, un hotel 4 estrellas, el campo de golf o las piscinas al «no dañar el medio ambiente» y por «la imposibilidad material» de ejecutar la demolición dado su alto coste, según el auto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No ocurrirá lo mismo con el resto del proyecto urbanístico que en su apogeo logró atraer el interés de los Aznar-Botella, Beltrán Gómez-Acebo o Jaime López Ibor, entre otros. Todas las obras que quedaron paralizadas por el proceso judicial (la mayoría) y que desde hace años se encuentran en fase de estructura tendrán que echarse abajo.
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La urbanización –proyectada inicialmente con 565 villas, dos hoteles de 4 y 5 estrellas, zona de piscinas y una playa artificial con arena de mar, además de puerto deportivo y un campo de golf– se ubicó en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), con el beneplácito de la Junta de Extremadura, entonces con Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente. Pero tras la denuncia de dos grupos ecologistas, fue declarada ilegal en dos ocasiones por la justicia. Las construcciones se paralizaron y su demolición estaba pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Era necesario decidir si la isla debía volver a su estado «natural» o si ejecutar esta decisión causaría más perjuicio que beneficio.
Coste de 145 millones
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que solo se mantendrá en la isla un tercio de las viviendas proyectadas . Estima que mantener los edificios terminados no produce «afección al medioambiente» y también tiene en cuenta el elevado coste que supondría acabar con todo: 34 millones de euros solo por la demolición de lo terminado y 111 millones de perjuicio económico a los propietarios. Por ello, recalca la orden, las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente la Junta de Extremadura «alcanzarían, al menos, el importe de 144.982.889,85 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe».
A cambio, la Sala ordena la reposición del resto del terreno «a un estado que permita un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la ZEPA». El objetivo es crear un enclave y paisaje similares a los protegidos. También se prohíbe expresamente que se vuelva a construir en la urbanización.
Además, la Junta de Extremadura deberá aprobar en el plazo máximo de seis meses un programa o plan que recoja medidas «eficaces y viables» para la eliminación y minimización de la «posible afectación» al medio ambiente que se pueda producir por la actividad derivada del complejo, y pide poner especial cuidado de cara a las aguas que puedan ir al embalse.
Cambio radical
«Para nosotros cambia totalmente la situación », reconoce a ABC Juan Vázquez-Guillén, portavoz y uno de los 185 propietarios de las villas que se han salvado del derribo, las únicas que llegaron a venderse al ser las únicas terminadas. La primera sentencia, de 2011, ordenaba la reposición de todo el terreno a su estado original. «Era el gran riesgo que teníamos, éramos conscientes de ello», explica. Ahora interpretan que el auto da un «respaldo judicial muy claro y muy contundente, apoyado en dos informes y en jurisprudencia» a los propietarios. «Creemos que la situación se ha revertido totalmente. Parece que se consolidan las propiedades que ya existían y establece una serie de actuaciones medioambientalmente razonables», cuenta Vázquez-Guillén
El otro colectivo beneficiado es el que representan los vecinos pueblos de El Gordo y Berrocalejo , que han visto en el complejo una fuente de ingresos y una tabla de salvación contra la despoblación. «Hemos defendido este enclave por haber supuesto una clara mejora ecológica y por resultar clave para el futuro de la zona», decían ayer sus alcaldes en un comunicado conjunto. La demolición, según valoraron, «habría provocado un claro perjuicio».
El auto, sin embargo, fue duramente criticado por las dos asociaciones ecologistas demandantes, Adenex y Ecologistas en Acción, que ayer ya anunciaron que recurrirían la decisión . «Resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística», dijeron. Pero en la Junta de Extremadura no quieren oír hablar de más complicaciones. «Rogaría que nos demos una oportunidad para ponerle a esto punto y final », dijo ayer el presidente autonómico Guillermo Fernández Vara. Convocará la próxima semana a las dos asociaciones para intentar «hacer juntos» la ejecución de la sentencia.
Preguntado por esta posibilidad, el coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura Ángel García avanzó ayer a ABC que cualquier intento de negociación que no suponga la demolición total del complejo será «estéril» al «no respetar la ley», ya que las sentencias previas declaraban ilegal todo el complejo, algo que tienen claro que van a seguir exigiendo. «No estamos dispuestos a otra cosa» , dijo. «Habría que demolerlo».
