Los del PSOE «están en lo de siempre» con la ley Celaá

La ministra niega la mayor. Para ella no hay nada que discutir, porque no se puede pactar con «quienes se autoexcluyen» de un hipotético pacto escolar, al «utilizar la educación como herramienta en la lucha política», afirma, olvidando que la lucha política alcanza la educación y otras muchas cosas. De lo contrario, habría que asumir el pensamiento único de los que mandan, abdicando de la propia libertad de pensamiento, opinión, creencia o religión, o también de la libertad de expresión, o de la libertad escolar, con la consiguiente sumisión a la manipulación totalitaria del tirano de turno.

¿Quién podría negarse a aceptar, simplemente, que la enseñanza es un cauce de «adoctrinamiento»? Por supuesto que lo es, a mucha honra. Y mucho más que lícito, cuando se produce en libertad . Pero es verdad, no se puede dialogar cuando el adversario político falsea la realidad y no acepta las reglas del juego que derivan –ni más, ni menos- de la propia naturaleza de las cosas, y que sanciona el nuevo Derecho de Gentes, el Derecho constitucional y los Tratados internacionales, al reconocer los derechos inviolables de todas las personas, como previos a cualquier poder.

De hecho, los franceses se refieren al derecho a la educación en libertad, como «el derecho de sus titulares a no ser adoctrinados contra su voluntad», es decir, contra la voluntad de los padres o tutores, que ejercen ese derecho por representación legal de los menores de edad. Por ello, la clave está en garantizar la libertad para ejercer el derecho a la educación. De lo contrario, la educación se convierte en adoctrinamiento político puro y duro, desde los centros públicos. Como si el poder público pudiera declarar una verdad oficial y supuestamente única, totalitaria, tan del gusto de los partidos que sustenta hoy al Gobierno de España. Y como si no hubiera habido Transición, como si no hubiera pasado el tiempo siquiera, les falta muy poco para repetir aquello de, «libertad, ¿para qué?».

Por eso, la mitad de sus Señorías –menos uno o dos-, repitiendo: «libertad», han protestado largamente contra la aprobación en el Congreso de esta ley, cuya clave principal está en negar esa libertad para la educación obligatoria y, por ello, gratuita. La ley trata de imponer el «slogan socialista» de siempre, «escuela única, pública, autogestionaria, laica», y ahora también, «inclusiva». Están en lo de siempre, en lo mismo que les llevó a levantarse y marcharse de la sesión constituyente, cuando en 1978 se aprobó el vigente art.10.2 de nuestra Constitución, que remite a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y demás Tratados internacionales, para interpretar el alcance de los derechos fundamentales y las libertades públicas que nuestro texto constitucional reconoce. Y esas fuentes declaran el derecho a elegir centros de enseñanza distintos de los públicos, al menos, con respecto a la enseñanza obligatoria. Ojalá.

(*) Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo y especialista en Derecho educativo. Universidad de Valladolid.