Intelectuales, abochornados por la deriva educativa del Gobierno: «Adoctrina y perjudica la igualdad»

ABC

02/05/2022
Actualizado a las 18:01h.

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Más de una treintena de intelectuales, entre los que se encuentran reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos y escritores, han hecho pública su rotunda oposición a la nueva norma educativa Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’, en un manifiesto en defensa de la enseñanza como bien público que ha sido redactado por un conjunto de profesores de Educación Secundaria , preocupados por la «deriva» que está tomando el sistema público en la actualidad. Reclaman que la enseñanza sea de calidad, basada en los conceptos nucleares de «esfuerzo, mérito y contenidos».

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran destacados pensadores de la talla de Gabriel Albiac, Gustavo Bueno, Jon Juaristi, Fernando Savater y los historiadores García de Cortázar, Fernando y José Ángel, entre otros muchos. No faltan escritores como Andrés Trapiello y Félix de Azúa, pero la lista es larga. Aella se adherirán, según han manifestado ya, otros pensadores en las próximas horas, pues el manifiesto se ha colgado en la plataforma de recogida de firmas ciudadanas Change.org .

[ Firma aquí el manifiesto en Change.org ]

Entre los ejes vectores de la proclama, los signantes hacen partícipe a la población de su profundo rechazo a los planes del Gobierno con los currículos educativos y las reformas que está implementando al sistema.

Para Alicia Delibes, Luis Alberto de Cuenca, Pedro Miguel González Urbaneja o José Ignacio Fortea , por mencionar solo algunos otros de los participantes, la «enseñanza reglada en España no marcha por buen camino y las leyes que se han aprobado últimamente, junto con la Lomloe de 2020, no parece que vayan encaminadas a poner remedio, sino que más bien tienden a empeorar la situación».Consideran, además, que los «conceptos ajenos a los saberes concretos de cada asignatura, de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados de las aulas ». Y, de forma didáctica, contrastan que en su opinión «los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento, pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar , especialmente para los estudiantes con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual».

De acuerdo con esta argumentación, los autores del manifiesto ven un claro perjuicio en el diseño educativo actual al «carácter de ascensor social y de igualdad de oportunidades que precisamente toda escuela pública debe tener». Es decir, aquel sistema público que el Ejecutivo dice defender es el que ponen en peligro, según los autores.

Para ellos, la educación debe mantenerse siempre apartada de sesgos: «Ya gobiernen unos partidos u otros, con orientaciones morales e ideológicas diversas, no se correrá el peligro de que el sistema educativo se convierta en un instrumento para adoctrinar y apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes», que es, en suma, lo que recoge el artículo 27 de la Constitución Española.

El manifiesto plantea una serie de puntos principales a tomar en consideración, entre ellos, urgen «la creación de una institución pública, una suerte de Consejo General de la Función Docente, integrado principalmente por docentes con larga experiencia, académicos y científicos»totalmente independientes, que «sirva de referencia a la hora de proponer, o revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter educativo, ya sea en la enseñanza infantil, primaria, secundaria o universitaria, y cuya competencia sea el diseño, según criterios estrictamente técnicos, científicos y académicos, del sistema de instrucción y sus planes de estudios».

Además, los intelectuales objetan que pese a la satisfacción del Gobierno por la caída de la tasa de fracaso escolar, esta sigue siendo «relativamente alta». No les parece una solución la que ha encontrado la Lomloe para tapar esa realidad: «Hace desaparecer los suspensos y dificulta la repetición, con lo que no solo no solucionará sino que acrecentará el problema al ocultarlo, además de añadir carga burocrática para los docentes».

Según el manifiesto, la evaluación de cada alumno debe hacerse a partir del conocimiento de los contenidos concretos de cada asignatura, pues la evaluación por competencias diluye los conocimientos concretos.

En contraposición a los planes del Ministerio de Pilar Alegría, piden que permanezcan las notas numéricas y las menciones de honor; «las primeras para conocer con precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos; y las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente para el alumnado».

Reclaman «libertad de los docentes para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, sin ser correa de transmisión» de la ideología de turno; y también apostar por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. En especial, recuperan una antigua demanda: « Una prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos».

Por último, los firmantes no marginan el tema de la lengua pues para todos ellos es «importante que se garanticen las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña». «Aspiramos –culmina la prerrogativa– a que en todo el territorio nacional se garantice la enseñanza pública en lengua española, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado».

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