Un fraude permitía a europeos con recursos colarse en la lista de espera de trasplantes en España

La Guardia Civil y la Organización Nacional de Trasplantes ha detectado un fraude que permitía a enfermos europeos con recursos formar parte de la lista de espera de trasplantes española. Quien urdió el engaño no era una organización criminal y no había dinero en juego, según la Guardia Civil. Todo empezó con un enfermo renal búlgaro. El primero probó suerte y logró burlar la legislación española y europea, después de su éxito empezó a circular entre otros enfermos renales del país comunitario. Funcionaba como un «boca a boca» para ayudar a otros pacientes a acceder al sistema de trasplantes español, el más respetado en todo el mundo.

En el momento en el que las fuerzas de seguridad españolas detectaron el engaño, seis ciudadanos búlgaros ya habían sido sometidos a un trasplante renal y ocho estaban en lista de espera sometiéndose a diálisis en centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.

Estos últimos ya han sido retirados de la lista de espera, aunque se mantienen en tratamiento en los centros sanitarios madrileños. Tanto la ONT como la Guardia Civil se mantiene alerta para detectar otros engaños similares en otras comunidades autónomas.

También las seis personas trasplantadas podrían seguir en España «porque requieren un seguimiento y un tratamiento con medicamentos», explicó el director de la ONT, Rafael Matesanz. Se estima que este engaño ha supuesto un coste para el sistema sanitario de 1,5 millones de euros. El coste de un trasplante renal es de 50.000 euros, lo mismo que un año de tratamiento de diálisis.

Llegaban como turistas

La investigación forma parte de la operación denominada «Renibus», que comenzó hace más de un año, después de que la ONT detectara un inusual aumento de pacientes procedentes de Europa del este en las listas de espera para trasplantes renales.

El sistema era sencillo. Los enfermos llegaban a España como turistas, en avión o autobús, y se daban de alta en la Seguridad Social en empresas ficticias o como autónomos para acceder a la tarjeta sanitaria. Lo primero que hacían era acudir a un centro sanitario de la comunidad de Madrid solicitando un tratamiento de hemodiálisis, un servicio que se ofrece como urgencia médica. Bastaba con ir a un centro de salud, decir que se sentían mal y eran enfermos renales y solicitar la diálisis urgente. En algunos casos acudían a los hospitales el mismo día de su llegada a la capital española.

Tras acudir regularmente al tratamiento de hemodiálisis, se empadronaban, se registraban como extranjeros residentes y se daban de alta en la Seguridad Social, ya fuese como trabajadores autónomos o por cuenta ajena, sin que en ningún caso realizaran ninguna actividad laboral. Se daban de alta como jardineros, empleados de hogar o de la construcción.

Todos los pacientes eran jóvenes, de entre 30 y 40 años, y con recursos suficientes para costearse su estancia. A los investigadores les llamó la atención que estos pacientes que, en su mayoría necesitaban hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico pudieran trabajar como empleados de hogar o en la construcción.

Con esta cobertura, accedían a la tarjeta sanitaria y pasaban a tener asistencia especializada: tratamiento en diálisis continuado y nefrólogo que les apuntaba en la lista de espera española para acceder a un riñón nuevo. A estos enfermos se les trató como al resto de ciudadanos españoles, es decir, ninguno tuvo preferencia y fueron atendidos en función de su gravedad. Estos ciudadanos entraban en la lista de espera con los mismos derechos y deberes que el resto de los pacientes.

En la operación se ha investigado hasta 20 personas, incluido un español y solo por fraude a la Seguridad Social. Seis de ellos como falsos empleadores que contrataban a los pacientes y, en algún caso, llegaron a cobrar entre 100 y 200 euros por darles el alta. Ninguno de ellos ha sido detenido y se les imputa un delito que podría estar penado con hasta seis años de cárcel. El acceso irregular a la lista de espera no se considera delito, salvo que en el proceso judicial se decida, apuntó Matesanz.

Cinco años de espera

Aunque los búlgaros son ciudadanos europeos comunitarios, la directiva Frontex, que regula los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, no prevé la asistencia de cuidados de larga duración como son los trasplantes de órganos. Esta salvaguarda, incluida durante la gestión de la ministra de Sanidad Trinidad Jiménez, evitaba que España se convirtiera en un país de turismo sanitario para trasplantes.

Los ciudadanos extranjeros pueden acceder a un órgano para trasplante, pero deben tener residencia en España, cotizar en nuestro país y demostrar que se vive desde hace más de cinco años.

El mejor país para trasplantarse

España hoy es el mejor país para trasplantarse. No solo por los hospitales que realizan estas intervenciones, los de mayor experiencia en el mundo, también lo es porque somos el país con mayores tasas de donación y trasplantes. También somos el único país donde ya hay más enfermos trasplantados de riñón que en diálisis.

En comparación con Bulgaria las cifras son muy llamativas. Mientras que en Bulgaria se realizan 58 trasplantes de riñón en España casi 3.000. Muchos de los enfermos renales búlgaros con recursos se ven obligados a acudir a Pakistán en busca de un riñón que les libre de la diálisis.

En 2015 España volvió a registrar récord en donaciones con un aumento del 10 por ciento del número de donantes que sumaron 1.851, éxito que también se registró en los trasplantes, que alcanzaron la cifra de 4.769, con 13 intervenciones diarias y más de una cada dos horas.

De estos trasplantes, 2.905 fueron renales, lo que supuso un aumento del 8,5 % respecto a un año antes, 1.162 hepáticos (9 % más), 299 cardíacos (13 %), 294 pulmonares (12 %), 97 de páncreas (20 %) y 12 intestinales (100 %), según el balance de actividad en 2015 de la ONT.

España cuenta con 39,7 donantes por millón de habitantes, una proporción muy por encima de la del resto del mundo que supera en más de 20 puntos a la media de Unión Europea y en más de 13 a la de Estados Unidos.