El Gobierno temía que el TC tumbara su medida sobre el castellano en Cataluña
«Un Gobierno responsable cumple las leyes y no puede saltárselas»
El Gobierno ha actuado con extrema prudencia a la hora de tomar una decisión sobre la polémica del uso del castellano en la escuela catalana. Desde un primer momento, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se refirió a la necesidad de «buscar la fórmula más adecuada» para hacer efectivo el derecho de los padres a que sus hijos puedan utilizar el castellano, como lengua vehicular, en los colegios catalanes.
Desde el Ejecutivo se asegura que nunca se habló específicamente de una « casilla» . Lo que sí se hizo fue consultar a los servicios jurídicos para que les asesoraran sobre la fórmula más conveniente , dentro de la legalidad.
Como consecuencia de estas consultas, el Gobierno ha sido consciente de que no puede acometer ningún cambio, ya que el artículo 155 de la Constitución , que se está aplicando en Cataluña, no le ofrece cobertura legal. Entre sus funciones no está la de cambiar el modelo lingüístico catalán.
Escolarizar en castellano
Con el antecedente de la reciente sentencia del Constitucional, que tumbó la disposición adicional 38 de la LOMCE que financiaba con 6.000 euros la escolarización en castellano, el Gobierno temía otro pronunciamiento en contra.
Las fuentes gubernamentales consultadas por ABC aseguran que un «Gobierno responsable cumple las leyes y no puede saltárselas», insistiendo que «tiene la obligación de respetar el actual ordenamiento legal en materia educativa, que rige en Cataluña y en cualquier Comunidad Autónoma». En este sentido, recuerdan que el modelo educativo que se aplica en esta región «es el que se rige por la Ley de Educación Catalana 12/2009, que solo puede ser modificada a través de otra ley, que se apruebe por el Parlamento catalán».
Cambio de modelo
El Ministerio de Educación subraya que el camino para reformar esta ley es la propuesta que ha realizado el Partido Popular de Cataluña . Una Proposición de Ley registrada ayer por esta formación política en el Parlamento catalán.
El Gobierno asegura que su obligación es « respetar y acatar » la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ello, admite que la única forma para seguir actuando es «trabajar para que la Proposición de Ley siga adelante y se modifique el actual ordenamiento educativo en Cataluña».
Sobre esta cuestión, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ya aseguró el 16 de febrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «un cambio de modelo educativo solo se puede hacer por cambio de ley y eso solo lo puede hacer el parlamento de Cataluña. No me he pronunciado por ningún modelo concreto porque estamos estudiándolo».
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