El «resort» de lujo extremeño de la isla de Valdecañas se salva parcialmente de la demolición

El «resort» extremeño de lujo Marina Isla de Valdecañas se salvará, parcialmente, de la demolición . 185 villas, el hotel 4 estrellas o el campo de golf podrán mantenerse al «no dañar el medio ambiente» y por «la imposibilidad material» de ejecutarla, según ha anunciado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No ocurrirá lo mismo con el resto de un proyecto urbanístico que en su apogeo logró atraer el interés de los Aznar-Botella, Beltrán Gómez-Acebo o Jaime López Ibor, entre otros. Todas las obras que quedaron paralizadas por el proceso judicial y que desde hace años se encuentran en fase de estructura tendrán que echarse abajo .

La urbanización -proyectada con 565 villas, dos hoteles de 4 y 5 estrellas, zona de piscinas y una playa artificial con arena de mar, además de puerto deportivo y un campo de golf- se ubicó en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) , con el beneplácito de la Junta de Extremadura, entonces con Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente. Pero tras la denuncia de dos grupos ecologistas, fue declarada ilegal por la justicia . La construcción se paralizó y su demolición estaba pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que finalmente ha hecho pública este miércoles. Era necesario decidir si la isla debía volver a su estado «natural» o si ejecutar esta decisión causaría más perjuicio que beneficio.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que solo se mantendrá en la isla un tercio del proyecto inicial. Estima que mantener los edificios terminados no produce «afección al medioambiente» y también tiene en cuenta el elevado coste que supondría: 34 millones de euros solo por la demolición de lo ya construido y 111 millones de perjuicio económico a los propietarios. Por ello, recalca la orden, las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente la Junta de Extremadura «alcanzaría, al menos, el importe de 144.982.889,85 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe».

A cambio, la Sala ordena la reposición del resto terreno «a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la ZEPA», debiendo crearse un enclave y paisaje similares a los protegidos. La Junta de Extremadura deberá aprobar en el plazo máximo de seis meses un programa o plan que recoja las medidas propuestas , «eficaces y viables» para la eliminación y minimización de la «posible afectación» al medio ambiente que se pueda producir por la actividad humana, en coordinación con el Plan de Gestión de la ZEPA y el resto de evaluaciones ambientales.