Europa protegerá a quienes denuncien fraudes y malas prácticas

En muchos países, como España, es un principio tan novedoso que ni siquiera hay un nombre para la figura central de esta legislación. En inglés se conocen como «whistleblower», en francés son «lanceurs d’alerte» y en español sería algo entre «alertador» o «acusador». Lo que el Parlamento Europeo aprobó ayer es una reglamentación homogénea para toda la UE y que protegerá a aquellas personas que arriesguen su puesto de trabajo o su reputación por denunciar hechos irregulares o delictivos en su entorno laboral. La reglamentación establece los límites y campos en los que se puede aplicar y los Gobiernos deberán establecer y dar a conocer el procedimiento para llevar a cabo estas denuncias.

La idea de establecer una normativa para proteger y regular este tipo de revelaciones anónimas circula en la política europea desde que se conocieron a través de este tipo de denuncias casos emblemáticos como los Papeles de Panamá o las irregularidades en las mediciones de emisiones en los motores diesel. A diferencia de una delación calumniosa, se supone que estas denuncias son hechas con buena fe y que sus autores merecen la protección de la ley europea.

Las medidas ofrecen canales seguros para informar de irregularidades en materia de fraude fiscal; blanqueo de capitales; contratación pública; seguridad en los productos y el transporte; protección al medio ambiente; salud pública; protección del los consumidores y protección de datos.

Tanto los gobiernos, que ya han dado su visto bueno a esta legislación y que deberán aplicarla en un plazo de dos años, como el Parlamento, consideran que recientes escándalos como las relevaciones LuxLeaks sobre prácticas de elusión fiscal de las grandes multinacionales, los papeles de Panamá o el escándalo del uso irregular de datos personales de Cambridge Analytica han puesto de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden tener un papel fundamental. La eurodiputada socialista francesa Virginie Rozière, que ha sido la ponente de esta legislación, considera que la UE tiene la obligación de «proteger a aquellos que defienden los intereses de Europa cuando nos defienden a nosotros, nuestros derechos, la democracia y el bien común europeos».

Las empresas públicas y privadas con más de 50 empleados deberán crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias dentro de las mismas y mantener la confidencialidad de los denunciantes. Las normas también se aplicarán a las administraciones públicas, que establecerán canales de notificación externos e independientes. Los denunciantes elegirán si deciden recurrir a los cauces internos o externos. La directiva contempla la posibilidad de revelar la información en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables. También protege a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación.