Ciencia asfixia un centro clave en investigación agroalimentaria
El INIA no renueva a ningún trabajador de la única unidad en España que evalúa el riesgo de los pesticidas, según denuncian los afectados. El Ministerio asegura que «hay varias contrataciones en proceso»
El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, aboca a la práctica extinción a la única unidad autorizada en España para evaluar pesticidas . En concreto, dejará en el departamento a cinco personas (incluyendo al director técnico, que no investiga), pese a que en él hoy se ejecuta un centenar de proyectos científico-técnicos, según denuncian los afectados.
Se trata de la Unidad de Productos Fitosanitarios del INIA. Es la única hoy acreditada en España para llevar a cabo la evaluación de productos fitosanitarios como pesticidas, herbicidas y demás sustancias que se utilizan habitualmente en agricultura. Es aquí donde, por ejemplo, se estudia el polémico glifosato para determinar si es perjudicial o no para la salud de las personas o para el medio ambiente; o los neonicotinoides, que hace unos días eran prohibidos por la UE después de que una unidad europea de investigación equivalente a la del INIA detectara que son perjudiciales para la reproducción humana.
A día de hoy, en este departamento trabajan 28 personas , de las cuales solo 5 son funcionarios . El resto, entre personal científico-técnico (21) y administrativo (2) son 23. El pasado marzo, la dirección del INIA comunicó a los trabajadores que no prorrogará ninguno de los contratos temporales asociados a proyectos, y tampoco ha convocado nuevas plazas. Así, si no cambia nada, el 31 de diciembre de esos 23 trabajadores temporales del organimo investigador, solo quedarán cinco. Y a finales de julio del año que viene, no habrá ninguno, según el relato de las fuentes afectadas.
«Contrataciones en proceso»
Pero según el ministerio que dirige Pedro Duque y al que está adscrito el INIA a través de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, hay «varios contratos en proceso de estabilización» dentro de esta unidad, no siendo cierto que se vaya a quedar prácticamente desierta en diciembre. No obstante, a lo largo del día de ayer tampoco pudieron concretar cuántas plazas se van a estabilizar. Según los afectados, solo uno de los trabajadores temporales ha logrado una plaza como funcionario, aunque todavía no es efectiva.
El conflicto sobre los contratos comienza en septiembre del año pasado, cuando se produce un cambio de dirección en el INIA –siempre según los afectados–, que pasó a estar dirigido por Esther Esteban. La institución mantenía en funcionamiento la unidad fitosanitaria casi desde su creación (en el 96) con personal laboral temporal, con contratos por obra y servicio que se iban concatenando, al igual que en otras muchas instituciones investigadoras públicas, pese a no ser legal.
La nueva dirección decidió no continuar con la situación y, por tanto, no prorrogar ningún contrato temporal, pero tampoco se plantearon soluciones. En enero, por ejemplo, con el decreto ley para la estabilización de plazas de investigadores temporales, el INIA obtuvo 36 para todo el centro, lo que suponía apenas un 4,7% de la plantilla total, es decir, sobre más de 750 personas.
En los tribunales
Después de que la dirección comunicara el pasado marzo que no habría más renovaciones, más de una decena de afectados decidieron acudir a los tribunales . Algunos llevan hasta ocho años trabajando en el organismo y por ello cuentan con los precedentes de otros centros públicos que se han visto obligados a readmitir a investigadores por despido improcedente y fraude de ley, al estar cubriendo un puesto fijo con contratos temporales.
Los afectados rechazan que la no renovación se deba a la falta de fondos, ya que las empresas –que están obligadas a someter a evaluación sus productos fitosanitarios– son quienes pagan por el estudio, mientras que otros son encargados por la Comisión Europea. Al no renovar nuevos contratos, los trabajadores sospechan que el dinero destinado a esas evaluaciones podría quedar sin ejecutar.
«Sin este personal experto, el INIA no cumplirá sus compromisos y obligaciones como Organismo Independiente de Evaluación», aseguran, además de que «la existencia» y trabajo «del único organismo» que puede evaluar pesticidas en España «quedará comprometida».
Tras la publicación de la noticia, este viernes el INIA respondió que el ente «continuará proporcionando los medios para realizar la evaluación de productos fitosanitarios. Es una actividad estructural del INIA y por tant o no puede cubrirse con contratación eventual, pero otras opciones de contratación son posibles».
