Un 2% del empleo público será para víctimas de maltrato
Unanimidad de los partidos para aceptar esta medida contra la violencia de género
El Congreso de los Diputados dio la semana pasada un paso más en el cumplimiento de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género. La ponencia en la que se negocian las enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para desarrollar este pacto acordó, por unanimidad de todo los grupos, reservar para las mujeres víctimas de violencia de género un dos por ciento de la Oferta de Empleo Público .
Esta propuesta ya forma parte del pacto, pero fue presentada en forma de enmienda por C iudadanos . Una vez que cuenta con el visto bueno de la mayoría, se incorporará al dictamente de la Ponencia que, posteriormente, tiene que recibir luz verde de la Comisión de Igualdad . Finalmente, será el Pleno de la Cámara el que le dará el apoyo definitivo.
Este Proyecto de Ley que están intentando consensuar los grupos políticos es consecuencia de la imposibilidad del Gobierno de convalidar el «decretazo», aprobado sin consenso por el Consejo de Ministros. Con esta norma, el Gobierno pretendía aplicar varias polémicas reformas, a las que Podemos se negó, dejando al PSOE sin mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. La única salida posible fue tramitarlo como proyecto de ley y así dar la posibilidad a los partidos de presentar enmiendas.
Custodia compartida
Entre las medidas más criticadas por una parte de la oposición, incluso por sectores judiciales, fue la propuesta de que los menores, hijos de víctimas de violencia de género, puedan recibir ayuda sicológica sin permiso paterno. Esta reforma podría afectar a la custodia compartida .
Igualmente, el Gobierno también planteó que la condición de víctima no fuera únicamente acreditada por un juez, sino que también podía ser una competencia de los servicios sociales de un ayuntamiento.
Finalmente, queda también por acordar la definición completa de víctima de violencia de género, así como concretar si los ayuntamientos podrán recuperar algunas competencias en esta materia.
La ponencia tenía previsto finalizar sus trabajos en enero , pero fuentes parlamentarias han asegurado a ABC que «no es posible» y que se puede prolongar durante todo el mes de febrero. La ponencia se reúne semanalmente.
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