Guía para resolver los problemas de las piscinas comunitarias

Con el verano llega el calor y, a falta de playa, buenas son las piscinas. Salpicadas de agua pero también de rencillas vecinales se encuentran ya muchas urbanizaciones que incorporan piscina comunitaria.

De acuerdo con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), la labor previa a la apertura de éstas incluye la contratación de servicios esenciales como socorristas, mantenimiento o técnico sanitario. Asimismo, es preciso verificar las instalaciones. «Si no están en buenas condiciones, en caso de daño o perjuicio será la comunidad la que responda».

De hecho, en período estival no está de más realizar un control rutinario para comprobar que todo funciona correctamente y, en su caso, adoptar las medidas oportunas para solucionar los problemas que vayan surgiendo.

La ley que manda en las piscinas

Un alto porcentaje de comunidades de propietarios desconocen la obligatoriedad del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Cuestiones tan importantes para la salud como la calidad del agua, las sustancias químicas utilizadas en su tratamiento o la presencia (obligada o no) de un socorrista se encuentran rigurosamente reguladas.

En estas fechas Legálitas recuerda también una serie de derechos y obligaciones que comunidades y vecinos deben seguir a rajatabla. En lo que respecta a los socorristas, lo cierto es que no existe una normativa común aplicable a todo el territorio español. Por ende, se debe tener en cuenta la comunidad autónoma donde se encuentre ubicada la piscina: mientras la Comunidad de Madrid exige la presencia de un socorrista con formación homologada en todas las piscinas, en Cataluña esta medida solo se impone a aquellas que superen los 200 metros cuadrados. Pese a todo, la presencia de niños que se disponen a disfrutar del agua sin sus padres es otro de los asuntos que trae de cabeza a bastantes urbanizaciones debido a la «falta de control» de los menores.

Y, para quien tenga dudas, las fiestas en piscinas comunitarias se tildan de «uso indebido de elementos comunes» a menos que, con carácter previo, se hubiera obtenido permiso de la Comunidad a través de la Junta o venga autorizado el uso para celebración de fiestas en este espacio en los propios estatutos.

Como no podía ser de otra forma, Legálitas apunta la necesidad de suprimir barreras arquitectónicas en las piscinas en aras de cumplir con los requisitos de accesibilidad exigidos por la ley. Asimismo, las personas con discapacidad y de avanzada edad no deben encontrar obstáculo alguno en el momento del baño.

En cuanto a la posibilidad de instalar piscinas móviles en terrazas, no se requiere de autorización de la comunidad de vecinos ni de licencia urbanística siempre y cuando la instalación no precise de obra. No obstante, en estas ocasiones el propietario se hace responsable de los posibles daños que ocasione al resto de vecinos. Por tanto, ser precavido –al verificar, por ejemplo, que el suelo en el que se va a instalar puede resistir el peso– se convierte en regla de oro.

«Respetar y ser respetado»

Los principales conflictos surgen, según los colegiados, a causa del mal uso de la instalación y de vecinos «poco cívicos» cuyas conductas molestas han requerido en ocasiones la intervención de la Policía. En la misma línea, los propietarios «morosos» que desean acceder a la piscina suponen otro de los grandes obstáculos a la hora de disfrutar de un día de sol y chapuzones.

El «final feliz» en los enfrentamientos vecinales, constata CAFMadrid, depende de la «empatía» y «buena predisposición» de los propietarios para «respetar y ser respetado». Estos deberían ser, en realidad, principios básicos de la buena convivencia «no solo en la época de verano, sino durante todo el año».