Sanidad financiará los nuevos fármacos de la hepatitis C a 52.000 enfermos

La mitad de los enfermos diagnosticados de hepatitis C en España, unos 52.000 pacientes, recibirán los revolucionarios y costosos medicamentos que prometen erradicar el virus hasta en un 95 por ciento de los casos. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, desveló ayer la esperada cifra durante la presentación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, el proyecto al que se comprometió Alonso al sustituir a Ana Mato.

La previsión es que estos tratamientos supongan un desembolso de 727 millones de euros durante los próximos años que deberán financiar las comunidades autónomas y sin que este elevado coste suponga un retraso para los enfermos. «Podrán esperar los laboratorios para recibir el dinero, el que no puede esperar es el paciente», aseguró el ministro.

Alonso dejó claro que no habrá un fondo específico para cubrir estos medicamentos con cargo al Estado, como reclamaban las comunidades gobernadas por el PSOE. La estrategia de la hepatitis C no llega con una memoria económica, algo «impensable» según insistió ayer la oposición. Aunque el ministro reconoció que las comunidades «necesitarán ayuda y se les dará». Aseguró que Hacienda establecerá mecanismos de financiación para que las autonomías puedan hacer frente a los elevados gastos. El próximo lunes habrá una reunión precisamente para ultimar los detalles.

La negociación con las comunidades es lo único que puede enturbiar la gestión de la hepatitis C que se había convertido en la patata caliente del Ministerio de Sanidad y en el último arma arrojadiza de la oposición contra el Gobierno. Si se cumplen las promesas de Alonso, se tratará a los enfermos de forma precoz, los pacientes no recibirán los tratamientos con cuenta gotas y no habrá problemas para financiar sus medicamentos. Es, como adelantó el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación, un plan «modélico» que será «la envidia de Europa». Pero hace dos meses no era fácil decidir qué enfermos podían tener prioridad y cómo financiar unos fármacos cuyo tramiento por paciente puede alcanzar los 60.000 euros. La respuesta la ha dado la estrategia de la hepatitis C y las negociaciones del Ministerio con las compañías farmacéuticas. Estas son algunas de las claves de la negociación:

Ha pesado el criterio médico, no económico

La estrategia ha sido elaborada por expertos nacionales e internacionales, coordinados por el hepatólogo Joan Rodés. El único criterio que ha pesado a la hora de decidir quién debe tener prioridad para recibir los nuevos fármacos es científico, no su coste y por eso ha sido aplaudida por médicos y enfermos tras meses de protestas. «Hemos abordado el mejor tratamiento posible para cada enfermo y seguiremos renovándolo con la aparición de nuevos medicamentos», explicó Javier Crespo, uno de los expertos que ha participado en el plan. Alonso fue más lejos y calificó de «hito sanitario» la estrategia, sólo comparable con el esfuerzo realizado en el tratamiento del virus del sida.

¿Quién recibirá los nuevos tratamientos?

La mitad de los 95.500 pacientes que hay hoy en España diagnosticados con hepatitis C. Se calcula que son unos 52.000, aunque la plataforma de afectados estimaba que podría alcanzar hasta los cien mil. La cifra que da ahora Sanidad «no les cuadra», pero sí los criterios de prioridad de los enfermos. Como adelantó ABC, se propone tratar con los nuevos antivirales a pacientes con fibrosis en los que la enfermedad ya ha avanzado y aquéllos en los que se ve una progresión importante. Estos son los pacientes que se consideran F2, F3 y F4. También se prevé el tratamiento en situaciones especiales de pacientes más precoces ( F1 o F0), como personal sanitario infectado o mujeres en edad fértil que quieran quedarse embarazadas. Los hepatólogos creen que bastará un tratamiento de doce semanas para cada paciente.

Los enfermos no esperarán

Además de garantizar el acceso a los nuevos antivirales en condiciones de equidad, el plan propone fijar «un plazo máximo razonable y obligado» entre la prescripción del medicamento y el inicio del tratamiento. Ese plazo se ha establecido en tres semanas desde el momento en el que el médico considera que su enfermo cumple los requisitos para tratarse. El ministro de Sanidad insistió en que no habrá problemas de acceso a los fármacos. La estrategia se aplicará por igual en todos los territorios, «vivan donde vivan los enfermos».

¿Precio negociado con las farmacéuticas?

Sanidad no ha desvelado cuánto costará el tratamiento individual de cada paciente. Solo se conoce el montante global para los 52.000 enfermos que serán tratados en los próximos tres años. Sí se sabe que ha negociado en estos meses con las diferentes compañías farmacéuticas que los han desarrollado y es probable que de los 60.000 euros iniciales con los que se especulaba Sanidad haya conseguido un precio mejor por paciente. El precio también ha podido bajar con la entrada de nuevos medicamentos que han aumentado la competencia entre compañías. Sí se sabe que el Ministerio ha negociado un techo de gasto. De manera, que si no se consigue acabar con la infección en las tres semanas de terapia previstas, el laboratorio se compromete a financiar los siguientes tratamientos de estos enfermos.

¿Quién pagará?

Es un fármaco hospitalario y los pacientes no pagarán copago. El coste corre a cargo de las comunidades autónomas. No habrá un presupuesto específico. Hacienda dará la «garantía financiera» a las autonomías para poder abordar el pago de estos medicamentos, «sea cual sea el momento» en el que tengan que adquirirlos.

En busca de casos ocultos

La estrategia también prevé crear un registro de pacientes y buscar casos sin diagnosticar con análisis de sangre a la población de riesgo, entre otras medidas. La estrategia propone un programa de cribado a la población con mayor riesgo. En este grupo se encuentran los usuarios de drogas inyectadas, pacientes tratados con productos sanguíneos antes de 1990, personas con tatuajes o piercings, profesionales sanitarios, pacientes con VIH, presos, niños nacidos de madres infectadas y personas cuyas parejas sexuales tengan el virus. También establece un programa de cribado en mujeres con mayor riesgo de exposición a la infección.

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