Los taxistas permanecen en el local del aeropuerto pese a vencer el contrato de alquiler

La asociación de taxistas Solidaridad Hispalense del Taxi , que controla en exclusiva y de manera más que polémica la parada del aeropuerto de Sevilla , se mantiene en el local que venía usando alquilado desde 2010 a pesar de que el contrato ya ha vencido —porque la compañía no deseaba una nueva prórroga— y de que la propia Aena ha interpuesto una demanda de desahucio contra esa organización gremial. Dicho local está ubicado precisamente junto a la parada que los taxistas tienen en el túnel de llegadas del aeródromo sevillano, una situación ideal para sus gestiones.

En diciembre de 2017 el aeropuerto formulaba una demanda de desahucio ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, por el supuesto «incumplimiento» de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección de San Pablo y esta asociación de taxistas. Según el aeropuerto, los términos de dicho contrato de alquiler no contemplarían el uso del local para fines como la explotación de un bar, extremo que llevaba a Aena a solicitar la rescisión del mencionado contrato. Además, a la espera de una resolución judicial derivada de dicha demanda y en paralelo, el 31 de marzo concluía la última prórroga de dicho contrato de 2010. Aunque era posible una nueva siempre que ambas partes estuviesen de acuerdo, la dirección del aeropuerto remitió un burofax a Solidaridad Hispalense del Taxi comunicando que daba «por terminado» el contrato a la citada fecha.

Superada la fecha en cuestión sin que el local haya quedado expedito, el aeropuerto decidió interponer varios días después de Semana Santa una nueva demanda de desahucio , esta vez por la conclusión del alquiler y siempre para reclamar el desalojo del establecimiento. Hasta la fecha, dicha entidad no ha abandonado las instalaciones y, por otro lado, el aeropuerto investiga los destrozos en los aseos de esa zona de San Pablo, que vinculan a esta asociación como respuesta a la decisión de desalojarlos del local.

De fondo, un juzgado investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos en la ciudad por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) e incluso otros taxistas, asunto por el que esta imputada la cúpula de Solidaridad y por el que ya han declarado ante el juez.