El portavoz de Ciudadanos en Sevilla, Javier Millán, declarando como testigo en el juicio de los ERE
El portavoz de Ciudadanos en Sevilla, Javier Millán, declarando como testigo en el juicio de los ERE - EFE

La Junta aprobó financiar un ERE al Grupo Joly antes de que lo solicitara

El actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y exjefe del Sercla, Javier Millán, ha declarado en el juicio que los cuatro expedientes de ayudas sociolaborales que él revisó eran «un monumental ninguneo al derecho administrativo»

SevillaActualizado:

La Junta de Andalucía firmó un protocolo con la empresa editoria de los periódicos Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, entre otros, para otorgarle una subvención de ocho millones de euros con los que sufragar despidos y prejubilaciones incluso antes de que el grupo empresarial propietario de las cabeceras solicitara un expediente de regulación de empleo. Es una de las conclusiones de la sesión del juicio por el caso ERE en el que ha comparecido como testigo el actual portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Millán.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha declarado este martes en el juicio de los ERE en su condición de exjefe del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), que los cuatro expedientes del caso que él tuvo que revisar eran «un monumental ninguneo al Derecho administrativo». Concretamente, Millán analizó los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, González Byass, Fertiberia y Asociación de la Prensa de Cádiz, una entidad creada por el Grupo Joly, editor de periódicos como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, para prejubilar a 36 trabajadores.

Según Millán, ninguno de estos expedientes llevaba una sola firma de funcionarios públicos y todos se hicieron «de manera arbitraria». Además, la Junta no le facilitó la información que el entonces jefe del Sercla les pidió para poder establecer conclusiones. En el caso de Joly, que recibió 8 millones de euros, ha especificado que no pudo «comprobar si los trabajadores beneficiarios cumplían el requisito de ser mayores de 52 años», que era indispensable para poder acceder a las ayudas. Además, ha explicado que el protocolo firmado entre la Junta y Joly es de fecha anterior a la propia solicitud del ERE. Es decir, primero se acordó la subvención y luego se pidió el Expediente de Regulación de Empleo, una vez ya concedida la ayuda.

Millán también ha hecho hincapié en que la documentación que recibió de este expediente por parte de Empleo no acreditaba que la asociación creada por los trabajadores del grupo se fundó para solicitar una ayuda a la Junta, pese a que teóricamente se creó expresamente para eso.

En ninguno de los cuatro casos, ha incidido el actual portavoz de Ciudadanos, se siguió «el procedimiento legalmente establecido», por lo que las ayudas «se concedieron de manera totalmente arbitraria» y «ninguna estaba justificada previamente». Además, la Junta no hizo seguimiento del dinero y las empresas beneficiarias no justificaron su destino.

Por su parte, en el expediente de González Byass, le «llamó la atención» que el protocolo de colaboración recogiera que la asociación de trabajadores iba a solicitar una ayuda a la Junta pero «nada acreditaba la solicitud» de la misma. «Cualquier ciudadano con sentido común entiende que cualquier fondo público que sale tiene que estar soportado por una solicitud, una publicidad de las ayudas y con arreglo a derecho; y nada ocurrió aquí», ha manifestado.

En el informe de este expediente, según ha explicado Millán, recogieron, entre otras cuestiones, que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, presente este martes en la sesión, formaba parte de González Byass desde la fecha de su nacimiento. «Entendimos que era un error, pero lo destacamos porque nos chocó», ha apuntado. No obstante, Millán, como ayer hiciera su compañera de trabajo en estas revisiones, ha señalado que no pudieron constatar que Fernández no firmara el boletín de adhesión a la póliza de renta colectiva para recibir las ayudas, porque, entre otros motivos, no venía recogido en la documentación que se incluía en el expediente.

Mientras en el ERE se incluía a 91 trabajadores, en la póliza de González Byass había 94, tres personas que presentaban discapacidad. "No parece compatible que una persona con incapacidad pueda recibir una ayuda a la prejubilación, aunque había que estudiar el caso", ha matizado.

Sobre el expediente de la Faja Pirítica, Millán ha apuntado a beneficiarios que eran herederos de trabajadores de la empresa que presentó el ERE, personas que cobraban ayudas y seguían trabajando en otra empresa. El expediente de la Faja Pirítica era «un caos» y fue «una tarea titánica elaborar el informe».