Marlaska recibe al hijo del policía sevillano Antonio Cedillo asesinado por ETA en 1982

El sevillano José Miguel C edillo , hijo de Antonio Cedillo Toscano, policía nacional asesinado por ETA junto a otros tres agentes el 14 de septiembre de 1982 en la localidad guipuzcoana de Rentería, mantuvo el pasado miércoles una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , donde le planteó «la necesidad extrema» que tienen las víctimas «de segunda generación con secuelas acreditadas» del reconocimiento de la ley de solidaridad.

En un comunicado difundido por Huérfanos de ETA en nombre de Cedillo, José Miguel Cedillo ha asegurado sentirse «esperanzado y confiado» para resolver lo que considera un «cabo suelto del Estado» tras el fin de la banda terrorista. «En mi caso llevo 36 años de retraso desde el atentado cruel que acabó con mi padre y que me ha venido generando las secuelas que me imposibilitan una vida normalizada al mismo nivel que el resto de personas de mi generación», ha apuntado Cedillo, quien ha añadido que desde que se produjo el atentado «ha habido muchas cosas mal hechas», como por ejemplo, «la falta de celo en la búsqueda , persecución y enjuiciamiento» de aquellos que mataron a su padre y que «acabó permitiendo que el caso prescribiera sin más».

Cedillo ha agradecido la atención del ministro Marlaska, quien respondió con una llamada a los pocos días de su nombramiento a la carta abierta que le envió a través de las redes sociales y en las que le pedía «que no siguiera el camino» de sus antecesores Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido , que no atendieron sus demandas de «reconocimiento, la dignidad y la reparación que los huérfanos necesitan».

En 2016, José Miguel Cedillo inició una protesta en las puertas del Ministerio del Interior para visibilizar un problema al que se enfrentan aquellos que se convirtieron en víctimas del terrorismo en vida y siendo menores de edad. Cedillo, que perdió a su padre cuando sólo tenía tres años, reclama una reforma de la ley que reconozca ese estatuto a los hijos de los asesinados, los cuales dejan de recibir ayuda cuando cumplen los 18 años y se retira la pensión de orfanda d. Este huérfano ha estado durante décadas bajo tratamiento psicológico por el horror que le tocó vivir cuando apenas empezaba a andar.