Los ingresos de ancianos en asilos atascan los juzgados de Familia

En 2016 autorizaron en la provincia más de 1.300 internamientos involuntarios de ancianos en residencias

Los jueces de Familia, como María José Cuenca (en la imagen), no sólo llevan temas de incapacidad, sino también divorcios, custodia y desemparo de menores, etcétera ROCÍO RUZ
María Jesús Pereira

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En 2016, los juzgados de Sevilla autorizaron 2.233 internamientos involuntarios de personas discapacitadas, de los que casi el 58% (unos 1.300) fueron de personas mayores en residencias de ancianos. María José Cuenca, juez de Familia 6 e Incapacidad es, confirma que debido al envejecimiento de la población se han disparado en Sevilla los internamientos involuntarios de personas con discapacidad en residencias de ancianos. Para afrontar esos internamientos, los jueces se rigen por una ley antigua que está más pensada para los internamientos de enfermos mentales que para los ingresos en residencias de personas mayores con deficiencias psíquicas.

« El artículo 763 de la Ley de Enjuciamiento Civil regula los internamientos por trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma. Esa regulación está pensada para los ingresos de enfermos mentales en hospitales cuando se niegan a dicho ingreso. En esas situaciones el médico emite informes periódicos y da el alta cuando lo estima adecuado para el paciente. Sin embargo, ese no es el caso de personas mayores con demencia senil o alzheimer que ingresan en residencias porque no pueden cuidar de sí mismas, de ahí que no sea previsible que exista un alta médica o que vuelvan a sus domicilios», explica Cuenca, que reclama una regulación específica para los ingresos de ancianos en asilos.

En Sevilla, los jueces competentes para acordar dichos internamientos son los de Familia , sin que existan juzgados especializados, como en las grandes ciudades. En Sevilla hay cinco jueces de Familia, que no sólo se ocupan de declaraciones de incapacidad y autorizaciones de internamiento de discapatacidos, sino que también entienden de divorcios, procedimientos de custodia de menores, declaraciones de desamparo, liquidaciones de sociedades de gananciales... etcétera. «Resulta necesario - a juicio de esta juez- crear juzgados especializados de incapacidades para agilizar los procedimientos».

Examen personal del juez

Por otra parte, el procedimiento a seguir para la autorización de internamiento involuntario del anciano en un asilo exige un examen personal de la persona por parte del juez . «Es imposible que nos desplacemos nosotros a todas las residencias ya que eso impediría que pudieramos celebrar juicios y cumplir con el resto de nuestras competencias, por lo que los jueces de Familia vamos a esos centros a examinar a las personas ingresadas cuando están encamadas o no resulta adecuado su desplazamiento», explica la juez de Familia 6.

El resto de ancianos ingresados tienen que desplazarse al juzgado para ser analizados por el juez y el forense, «lo que genera -dice Cuenca- muchos problemas a las familias y a esas pesonas mayores, sobre todo cuando sufren enfermedades como el alzheimer porque se desorientan mucho cuando se les cambia su entorno habitual».

Medidas cautelares

Los juzgados de Familia de Sevilla están desbordados por el trabajo, que se acumula incluso en las sillas ROCÍO RUZ

«Para evitar que se desplacen los ancianos al juzgado, lo que estamos haciendo algunos jueces de Familia es adoptar medidas cautelares de protección de la persona y dentro de ellas acordamos que ingrese en una residencia si no puede vivir sola y cuando los informes médicos son concluyentes. Esa medida se adopota con carácter previo al procedimiento de incapacidad que se debe iniciar para nombrar tutor que asista a la persona en aquellos ámbitos en los que no tiene capacidad».

Otro problema es la demora para la autorización de los internamientos. «En muchas ocasiones, las familias, después de esperar años para que un familiar disponga de una plaza en una residencia, les informan que tienen un corto plazo para hacer uso de ella pero -advierte la juez- resulta materialmente imposible que dispongan de una resolución judicial autorizando el ingreso en ese plazo», ya que el juez debe oír a la persona afectada y recabar informe del médico forense. Debido a esos trámites algunas familias que terminan perdiendo la plaza que se les ha concedido en una residencia.

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