Una juez investiga desvíos en la Fundación del Colegio de Arquitectos de Sevilla
El exdecano, Ángel Díaz del Río, y otros siete miembros de su directiva han sido citados tras una auditoría que desvela supuestas irregularidades en Fidas
La juez de instrucción número 17 de Sevilla, Carmen Ruiz Mesa, ha citado como investigados al exdecano del Colegio de Arquitectos, Ángel Díaz del Río , y a otros siete miembros de su directiva por la supuesta «patrimonialización» de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Fidas , un organismo creado por el Colegio en 1996 para el desarrollo de actividades de formación, principalmente.
La cúpula directiva saliente tendrá que declarar los días 20 y 27 de junio , todos en calidad de investigados, para explicar a la magistrada por qué intentaron aprobar de forma urgente, unos días después de haber perdido las elecciones , la permanencia de un patrono que tenía que abandonar la Fundación. Según la denuncia presentada por el propio Colegio, lo que Díaz del Río pretendía era mantener el control de la Fundación «ante la cuestionada administración» de la misma que había desvelado una auditoría interna que se cerró sin emitir opinión porque hay más de un millón de euros cuyo paradero no se puede determinar.
La nueva decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo , detectó el movimiento y decidió poner los hechos en conocimiento de la Justicia. Su victoria en las elecciones de este organismo el 29 de mayo de 2017 provocó una convocatoria del patronato de la Fundación Fidas sólo unos días después por parte del decano saliente, que ya estaba en funciones . Esa cita se celebró el 8 de junio y, según la denuncia, «el motivo de la precipitada convocatoria, al no constar otra causa que lo justificase, es el inesperado resultado de los comicios electorales y la consecuente alteración de mayorías que se iba a producir en el seno del patronato con la incorporación de los nuevos» directivos del Colegio: la decana, el tesorero y el secretario.
El documento entregado al juzgado sostiene que el 14 de junio expiraba el mandato del patrono Víctor Moreno, mientras que el 11 de marzo de 2018 lo haría el de otros tres patronos electivos: Bernardo Gómez-Estern, Pedro Moscoso y Jesús Castañer. Esto quiere decir que Díaz del Río «perdería en marzo de 2018 la posibilidad de designar nuevos patronos electivos» y dejarían de formar parte de la Fundación «cuatro adláteres» del exdecano.
«Ante estas adversas circunstancias —continúa la denuncia— y el riesgo de que se llegara a conformar en el patronato una nueva mayoría ajena a la malla de complicidad de sus afines que había logrado aglutinar en torno a sí el señor Díaz del Río, éste decide, y los demás patronos lo secundan, todos con determinado abuso de sus facultades , convocar a toda prisa una reunión del patronato para el 12 de junio con el fin prioritario de renovar al señor Moscoso por tres años en su cargo de patrono electivo, pese a que todavía faltaban nueve meses para que expirara su mandato como tal». A juicio de la institución denunciante, lo que se buscaba era « asegurarse una mayoría a futuro que bloquearía cualquier iniciativa de los nuevos patronos electos».
La razón la explica con rotundidad la denuncia, en la que se adjunta una auditoría demoledora: lo que el exdecano quería era «seguir patrimonializándolo (el patronato de la fundación) como algo propio » con el «fin oculto» de « obstruir la toma de decisiones futuras que podrían resultar perjudiciales para el anterior equipo directivo, como las derivadas de una cuestionada administración de la fundación que ha impedido incluso que se pueda emitir por los auditores una opinión de las cuentas del 2016». Concretamente, hay más de un millón de euros sin contabilizar. Y la juez ha decidido investigar donde está el dinero desviado a la fundación de un Colegio Profesional que en los años del «boom» inmobiliario gestionó millones de euros.
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