Poder judicial
El Gobierno aprueba el nombramiento de María José Segarra como fiscal de sala del Supremo
Tras un breve paréntesis en la Audiencia de Sevilla, vuelve a Madrid y asume la recién estrenada fiscalía especializada en protección de mayores creada bajo su mandato en la Fiscalía General del Estado
A propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado , el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado de forma definitiva el nombramiento la predecesora de la exministra de Justicia en el cargo y ex fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra , como nueva fiscal de sala del Tribunal Supremo .
El pasado día 27 de octubre en el pleno del Consejo Fiscal , en cuyo orden del día se debatió la propuesta de nombramientos de 18 nuevos cargos discrecionales en la carrera fiscal , Delgado propuso el nombramiento de cuatro nuevos componentes de la cúpula de la carrera fiscal , esto es, fiscales de Sala del Tribunal Supremo. Entre ellos se encontraba el de Segarra, quien ocupó el puesto de fiscal general del Estado en el primer ejecutivo de Pedro Sánchez , tras la moción de censura a Mariano Rajoy . Entonces Delgado era ministra de Justicia.
Tras la decisión del Consejo Fiscal, ahora ha sido el Gobierno, en su reunión del Consejo de Ministros de ayer martes y a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , quien ha dado luz verde a su nombramiento como fiscal de sala coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores del alto tribunal.
Estrena un nuevo puesto
Así se recoge este miércoles, día 11 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado , con la rubrica del Rey Felipe VI del nombramiento de Segarra como fiscal de sala coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.
Es la primera persona que ocupa este cargo , creado por el Gobierno en abril del año pasado cuando Segarra era fiscal general del Estado. Estaba creado el cargo pero no estaba dotado. Viene a dar respuesta a una vieja reivindicación de los fiscales que se ocupan de esta materia en las distintas fiscalías territoriales.
Así, por ejemplo, Noberto Sotomayor, fiscal especializado en Sevilla, recuerda que ha sido «una lucha muy larga hasta conseguirlo» y aplaude el nombramiento de Segarra: « Ha sido la decisión más acertada posible porque que es una fiscal muy involucrada en este tema», asegura a este periódico.
Este nombramiento y creación se produce, además, en un momento en el que la gestión de las residencias de mayores están en el foco de la Fiscalía por las consecuencias devastadores que está provocando el coronavirus en estos centros en todo el territorio nacional.
Viaje de ida y vuelta
Tras un breve paréntesis en Sevilla , Segarra vuelve a Madrid tras el nombramiento auspiciado por su sucesora en la Fiscalía General del Estado y compañera en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ambas pertenecen. de Con este nombramiento, Segarra vuelve a realizar un viaje de ida y
Regresa a la capital de España tras ocupar desde enero de este año su plaza en Sevilla, donde hasta la fecha trabajaba dentro del área gerencial y directiva.
Fue fiscal jefa de Sevilla entre 2004 y 2018 . En junio de ese mismo año fue nombrada fiscal general del Estado por el gobierno de Pedro Sánchez, puesto que ocupó hasta enero de 2020. Llegó tras la moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y, entre otros asuntos, s e encargó de la acusación del «procés» en el Supremo . Un tiempo de mandato que la propia Segarra calificó como muy intenso.
Según informaba hace unas semanas la Fiscalía General del Estado en un comunicado, con este nombramiento, y hasta que exista una modificación legislativa, « se hace justicia a quienes desde la carrera fiscal asumen la alta y dificilísima responsabilidad de ser fiscal general del Estado». Desde el ámbito judicial y fiscal, hay quienes hablan que es la manera de Delgado de compensar a su compañera en la carrera fiscal.
«Q ue una ex fiscal general ocupe la más alta categoría de la carrera significa avanzar asimismo en la autonomía de quien ejerce o ha ejercido el cargo. El beneficio es doble; significa autonomía mientras se ejerce el cargo de fiscal general del Estado, sin inquietud sobre su futuro profesional; y, por otro lado, eleva la dignidad de quien ha desempeñado tan altas funciones», añadía el comunicado.
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