TRIBUNALES
El empresario sevillano Luis Castel, ante la Justicia por alzamiento de bienes
Los cinco denunciados han declarado que la operación de compraventa de una finca en 2008, en la que la Fiscalía basa su acusación, no fue ficticia y los compradores perdieron más de tres millones porque no se construyó el edificio proyectado
El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla había citado este miércoles al empresario sevillano Luis Castel y a cuatro personas más denunciadas por la Fiscalía por un presunto delito de alzamiento de bienes (actualmente denominado delito de frustración de la ejecución) por haber despatrimonializado supuestamente una empresa suya, Vivendia , para eludir una deuda de 1,9 millones con Hacienda.
El origen de este asunto se remonta al año 2008. Dos años antes Vivendia compró una finca por 14 millones de euros en la rotonda de la Ronda del Tamarguillo con la avenida de Andalucía. En 2008, la sociedad liderada por Castel, quien justo ese año estuvo cerca de hacerse con las acciones de Manuel Ruiz Lopera en el Real Betis, vendió dichos terrenos a la sociedad Edificio Futura, cuyo administrador está investigado en la causa, por el mismo precio. Recibe un primer pago de tres millones de euros más IVA. En 2012 se abonaría el resto del dinero.
En dichos terrenos se había proyectado un edificio con hasta 17 plantas de oficinas . Contemplaba un hotel y la cesión de espacios para el Ayuntamiento de Sevilla, con quien ya incluso se habían iniciado trámites para la construcción.
Pero entonces llegó la crisis económica con la burbuja inmobiliaria y, según fuentes del caso han explicado a este periódico, Vivendia y Edificio Futura, empresas con vínculos entre sí, se vieron afectadas de manera importante. El proyecto quedó paralizado. La decisión de Edificio Futura fue realizar una operación de dación en pago con un banco, por la que éste, ante notario, abonaba 1,9 millones de euros en IVA a los propietarios de los terrenos (Edifico Futura).
Esta sociedad, vinculada también a Luis Castel, le entregó estos casi dos millones a Vivendia. La sociedad del empresario sevillano, con el propósito de no caer en quiebra, contrató a una empresa de consultoría , cuyo principal socio también está denunciado por la Fiscalía.
Inspección de Hacienda
Esta consultoría le planteó a Castel, cuya mujer también está investigada, usar los 1,9 millones de euros para pagar a los proveedores para «intentar salvar Vivendia», que finalmente quebró en 2013. Precisamente, en este año Hacienda inicia una inspección a Castel y su grupo de empresas para determinar el destino de los 1,9 millones de euros de IVA que nunca cobró la administración pública.
La inspección se cerró en 2014 con un acta de conformidad , según han expuesto este miércoles las defensas y los investigados ante el juez instructor. Si bien, recientemente Hacienda interpuso una querella ante la Fiscalía en la que apuntaba una deuda tributaria de Castel y sus sociedades cercana a los cuatro millones de euros . Y la Fiscalía ha puesto estos hechos en conocimiento de los juzgados, que ya ha abierto una causa contra Castel, su mujer, y tres personas más que eran administradores de otras tantas empresas, también denunciadas, junto a otra sociedad de la esposa del empresario sevillano.
Fuentes del caso han indicado a este periódico que la Fiscalía apunta a las operaciones de Castel para el «vaciamiento patrimonial» de Vivendia, a través de la sociedad Edificio Futura. Para el Ministerio Público, la operación de compraventa de la finca fue ficticia , con el único objetivo de evitar el pago del IVA por Edificio Futura y el embargo de la finca por la Agencia Tributaria. Además, apunta que mediante esta operación de compraventa, Vivendia logró extinguir las «deudas hipotecarias» por la simulada venta a Edificio Futura.
Los cinco investigados han prestado declaración este miércoles ante el juez instructor y han negado todas las acusaciones. Han asegurado que no existió una operación instrumental ni ficticia en la compraventa de la finca de Ronda del Tamarguillo con la avenida de Andalucía. De hecho, «los socios (compradores) de Edificio Futura perdieron dinero, hasta 3,2 millones de euros, y el terreno».
Las defensas, que han solicitado un informe pericial sobre todos los pagos de Castel y Vivienda con los 1,9 millones de euros, ahora procurarán demostrar el destino de estos fondos. Otra vía de defensa es la prescripción de los hechos investigados (diez años). Aunque la Fiscalía apunta que el último movimiento económico bajo sospecha es de finales del año 2011.
