Tribunales
La defensa de Cabrera pide el archivo del caso Principico porque no promovió la actuación policial
El abogado del concejal socialista presenta un escrito en el juzgado en el que pide a la instructora que ponga fin «al espectáculo» que pretende la acusación de Vox «exclusivamente por motivos políticos»
Ayer lunes el dueño del bar Principico acudió al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla para testificar en la causa dirigida contra el delegado de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera , por el altercado registrado el pasado Día de Reyes, 6 de enero, en este restaurante de la capital a cuenta de la negativa de los responsables de ofrecerles una mesa para diez comensales al dirigente municipal y su familiar por las medidas sanitarias. Y hoy, la defensa de Cabrera ha presentado un escrito en sede judicial solicitando el sobreseimiento y archivo de las diligencias porque, a su juicio, es «objetivo» que el delegado municipal «no promovió ni sugirió ninguna actuación policial».
Después de los momentos de tensión vividos en el restaurante, se personaron en el local varias dotaciones de Policía Local y Policía Nacional , que llevaron a cabo una inspección durante cuatro horas para levantar varias actas administrativas. Cabrera, durante el altercado, Cabrera se identificó como oncejal de Seguridad, «para dar a entender que era conocedor de la legislación Covid-19 sobre la materia objeto de discusión», según el escrito presentado por su abogado José Manuel García-Quílez en el juzgado.
En dicho escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el abogado para sustentar su solicitud archivo recuerda que la Policía Local, a través de un informe del superintendente jefe, José Medina Arteaga, explicaba que el origen de la intervención de los agentes procedió del Servicio de Emergencias 112 Andalucía , como consecuencia de que, a las 14,44 horas, una alertante y «no Cabrera» informó sobre la ausencia de medidas de seguridad y un exceso de aforo en el establecimiento en cuestión.
No hubo insultos
Con carácter previo, Cabrera, una vez que ya se había marchado del establecimiento, comentó telefónicamente con Medina Arteaga el episodio relativo a la negativa del establecimiento a disponer de una sola mesa para diez comensales, lo que la normativa Covid-19 ese día permitía. El jefe de la Policía Local decidió enviar un patrullero y a un subinspector al bar para comprobar lo ocurrido.
Igualmente, la Policía Nacional , en otro informe aportado a la causa, confirma que su intervención en el asunto tuvo origen en una llamada del teléfono 112, a las 14,46 horas.
El abogado de Cabrera, en su escrito, también acude a la testifical del dueño del bar, Roberto Murados, quien ayer declaró, entre otras cosas, que la Policía Local acudió por el altercado con Cabrera, que ya no estaba allí a su llegada, y que «no le consta» que el dirigente socialista profiriese insultos ni contra él ni contra ningún camarero. Esto mismo dijo el día después de los hechos tras mantener un encuentro cordial con Cabrera.
En base a estas pruebas y declaraciones, el abogado de Cabrera pide a la juez que la presente causa «no puede tener más recorrido». Y asegura que «ninguna actuación policial se llevó a cabo el día 6 de enero a instancias de Cabrera» , sino que tienen su origen en sendas llamadas del teléfono 112 de «una alertante».
La acusación «política» de Vox
«Cabrera es completamente ajeno a cualquier actuación policial , por lo que no se sostiene imputación alguna respecto de los delitos de abuso de poder, coacciones, desorden público o prevaricación, que «tan injustificada como alegremente imputa la acusación», que ejerce el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla.
En cuanto a los insultos por los que la misma acusación popular pretende imputar delitos de odio o xenofobia e injurias , el abogado defensor subraya que «el propio responsable del establecimiento se ha encargado de negarlos cada vez que se le ha preguntado».
Insiste la defensa en su petición de archivo a la juez: «Debe poner fin al espectáculo que pretende la acusación popular en esta causa, movida exclusivamente por motivos políticos, absolutamente deleznables». Y se remite a lo ya expuesto en un escrito presentado hace meses en el juzgado, donde ya denunciaba que Vox «sólo persigue conseguir réditos políticos , en lugar de exigir responsabilidades penales».
«La única intención que persigue el partido político denunciante no es la investigación de hechos presuntamente delictivos, ni la depuración de responsabilidades penales, sino exclusivamente el cese del concejal », añade a este respecto.
García-Quílez, en su escrito, reprocha que Vox haya promovido una denuncia « sacando de contexto lo que fue un simple y desagradable altercado en el que se vio envuelta la familia de Cabrera y el establecimiento» y «fantasea en esa denuncia imputando coacciones e insultos que no se produjeron».
Además, según el abogado, Vox pretende mantener viva la causa mediante la solicitud de pruebas «manifiestamente improcedentes, como la aportación de un vídeo preparado ex profeso por los propios dirigentes políticos de VOX», en el que supuestamente el camarero que atendió a Cabrera confirma los insultos.
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